Senado mexicano aprueba reforma histórica para limitar pensiones de lujo en la burocracia
En una decisión unánime, el Senado de la República ha dado un paso significativo hacia la eliminación de las denominadas "pensiones doradas" dentro del sector público. Con 116 votos a favor, los legisladores aprobaron una reforma al artículo 127 de la Constitución Política, estableciendo un tope máximo del 50% del salario de la presidenta de México para cualquier pensión financiada con recursos públicos. Esta iniciativa, impulsada por la mayoría legislativa, busca acabar con lo que muchos consideran privilegios excesivos en la administración pública.
Un contraste abismal: pensiones estratosféricas versus realidad nacional
Durante el debate, los senadores de Morena destacaron el contraste entre las pensiones de la burocracia y las de la población general. Javier Corral Jurado, senador de Morena, afirmó que "durante años se consolidaron pensiones estratosféricas para una pequeña burocracia privilegiada, verdaderas castas doradas sostenidas por el erario". Por su parte, Saúl Monreal proporcionó datos concretos: mientras el promedio de pensión en México oscila entre 6,676 y 8,400 pesos mensuales, en el sector público existen casos donde se pagan montos que van desde 340,000 pesos hasta un millón de pesos al mes, financiados con fondos públicos.
Apoyo unánime con críticas y abstenciones
Aunque la reforma fue aprobada por unanimidad en lo general, la oposición expresó reservas. La senadora del PRI, Carolina Viggiano, acusó motivaciones políticas, señalando que el tema se utiliza para la narrativa gubernamental. Desde el PAN, Francisco Javier Ramírez Acuña criticó que la medida no abarque a toda la administración pública y propuso usar UMAs como parámetro en lugar del salario presidencial. En la votación en lo particular, los seis senadores de Movimiento Ciudadano se abstuvieron, argumentando que la reforma no resuelve el problema estructural del sistema de pensiones.
Próximos pasos legislativos
Tras su aprobación en el Senado, la minuta ha sido enviada a la Cámara de Diputados, donde continuará su proceso legislativo. Esta reforma representa un esfuerzo por reducir desigualdades y optimizar el gasto público, aunque su implementación final dependerá de la discusión en la Cámara baja. Los legisladores esperan que esta medida contribuya a una distribución más equitativa de los recursos nacionales.
