La senadora de Morena, Guadalupe Chavira de la Rosa, ha solicitado al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que se separe del cargo para facilitar las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo en su contra. Esta petición surge en un contexto de señalamientos internacionales que, según la legisladora, comprometen la estabilidad institucional del estado.
Permanencia afecta confianza ciudadana
En un posicionamiento público, Chavira señaló que la permanencia del mandatario sinaloense podría afectar la confianza ciudadana y el desempeño de las instituciones de seguridad y justicia. Por ello, consideró que una separación temporal del cargo permitiría que las indagatorias avancen sin interferencias, tanto reales como aparentes, bajo condiciones de mayor independencia.
Responsabilidad política e institucional
Chavira subrayó que esta petición no implica una condena anticipada ni vulnera el principio de presunción de inocencia, sino que responde a un criterio de responsabilidad política e institucional frente a acusaciones que calificó como graves. Indicó que la función pública exige estándares adicionales a los estrictamente legales, particularmente cuando están en juego la gobernabilidad y la credibilidad de las autoridades.
La legisladora advirtió que los señalamientos —que incluyen presuntos vínculos con el crimen organizado, intervención en procesos electorales y posibles actos de protección a operaciones ilícitas— colocan a la entidad en una situación delicada, al incidir en la percepción pública y en la legitimidad del gobierno estatal.
Llamado a investigaciones legales
Asimismo, llamó a las autoridades federales y a los órganos competentes a conducir cualquier investigación con apego a la legalidad, sin simulaciones ni uso político de los procesos, y garantizando la continuidad institucional en Sinaloa en caso de que se concrete una eventual separación del cargo.
Finalmente, insistió en que corresponde a los poderes locales actuar conforme al marco constitucional para evitar vacíos de autoridad, al tiempo que reiteró que el caso debe resolverse en las instancias correspondientes, con respeto al debido proceso y a los derechos del mandatario.
