Sheinbaum impulsa reforma para eliminar pensiones privilegiadas de exfuncionarios
En respuesta a las crecientes denuncias sobre jubilaciones exorbitantes en organismos gubernamentales, la presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución. Esta medida busca poner fin a las pensiones onerosas de altos mandos, limitándolas al 50% del salario del titular del Ejecutivo, equivalente a aproximadamente 70 mil pesos mensuales.
Detalles de la iniciativa y ahorro estimado
La propuesta, anunciada en conferencia de prensa junto a la secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, generaría un ahorro estimado de 5 mil millones de pesos anuales. Estos recursos se destinarían a programas de bienestar social, como la Pensión para el Bienestar. Sheinbaum enfatizó que la reforma es constitucional, por lo que no habrá amparos que puedan revertirla, y se enviará al Congreso para su discusión este lunes.
Contexto del escándalo y cifras reveladoras
El anuncio coincide con un escándalo reciente detallado en el libro Ni venganza ni perdón, que acusa al exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas de utilizar un decreto de 2022 para otorgar compensaciones vitalicias a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), generando un pasivo de 27 mil millones de pesos. Buenrostro había denunciado previamente que exservidores públicos reciben más de un millón de pesos mensuales en pensiones.
Las cifras expuestas son alarmantes:
- LyFC: 14,073 extrabajadores reciben 28,074 millones de pesos anuales, con 9,457 obteniendo entre 100 mil y un millón de pesos al mes.
- Pemex: 22,316 jubilados por confianza cuestan 22,844 millones de pesos anuales, con 544 recibiendo montos 39 veces superiores al promedio nacional.
- CFE: 54,008 jubilados por confianza representan 49,950 millones de pesos anuales, y 2,199 superan el sueldo presidencial.
- Nafin, Banobras y Bancomext también registran pensiones elevadas para miles de exfuncionarios.
Principios y alcance de la reforma
Esthela Damián, consejera jurídica de la Presidencia, explicó que la iniciativa se basa en tres principios: austeridad republicana, humanismo mexicano y responsabilidad financiera. Afectará a organismos descentralizados, empresas públicas, fideicomisos y banca de desarrollo, pero no aplica a trabajadores con contratos colectivos. Sheinbaum aclaró que los montos históricos no se modificarán, pero se evitarán nuevos abusos.
Esta medida marca un paso significativo en la lucha contra los privilegios en el gobierno, alineándose con las demandas de transparencia y equidad en el uso de recursos públicos.
