Juez federal vincula a proceso a Javier Duarte por presunto desvío de cinco millones de pesos
En un desarrollo judicial significativo, un juez federal determinó iniciar un proceso penal contra Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por su presunta participación en el desvío de cinco millones de pesos de fondos públicos. Esta decisión implica que Duarte enfrentará un nuevo juicio, lo que extenderá su estancia en prisión más allá de la condena que ya cumple.
Detalles de la acusación y la audiencia
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que, durante su mandato como gobernador de Veracruz de 2010 a 2016, Duarte firmó un decreto que permitió redirigir fondos públicos originalmente etiquetados para sectores vulnerables, como niños y adultos mayores. Según la investigación, el dinero fue transferido por la Tesorería de la Federación al gobierno estatal y posteriormente utilizado para cubrir nómina y otros compromisos financieros locales, encuadrándose en el delito de peculado.
En audiencia, el ex mandatario rechazó la imputación y argumentó que no era responsable directo del manejo financiero del estado. Duarte señaló que no fungía como secretario de Finanzas y sostuvo que los recursos involucrados tenían carácter estatal, no federal. También afirmó que instruyó priorizar fondos de libre disposición y negó que existan indicios de desvío de dinero federal.
Contexto penal y consecuencias
Javier Duarte ya cumple una condena de nueve años de prisión impuesta en 2018 por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Esta nueva vinculación a proceso abre un segundo frente penal para el exgobernador, cuya administración estuvo marcada por múltiples señalamientos de corrupción y presunto uso de empresas fantasma para desviar recursos públicos.
La resolución judicial significa que Duarte permanecerá en prisión más allá del plazo previsto para concluir su sentencia actual, ya que ahora enfrenta un proceso distinto que podría derivar en otra condena. Este caso refuerza los esfuerzos de las autoridades para combatir la corrupción en México, particularmente en casos de alto perfil que involucran a exfuncionarios públicos.
