Diputados aprueban reforma que castiga reclutamiento forzado con penas de hasta 20 años
Con una votación unánime de los 415 legisladores presentes, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que incrementa los castigos por corrupción de menores, incluyendo en este concepto el reclutamiento forzado. Actualmente, la pena por este delito oscila entre siete y 12 años de prisión, pero con la nueva legislación, se elevaría hasta 20 años cuando se vincule con actividades de la delincuencia organizada.
Críticas del PT y Movimiento Ciudadano al alcance de la reforma
Pese a la aprobación, el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) expresaron fuertes cuestionamientos. Ricardo Mejía Berdeja, diputado del PT y exsubsecretario de Seguridad, argumentó en tribuna que la reforma no aborda adecuadamente el problema. "Nos están dando gato por liebre", afirmó, señalando que el reclutamiento forzado implica engaños y maniobras para incorporar a menores y jóvenes vulnerables a actividades delictivas como sicarios o halcones, y no se limita a aspectos sexuales como la corrupción de menores.
Por su parte, Pablo Vázquez Ahued, vicecoordinador de MC, reconoció que el dictamen contribuye en cierta medida, pero subrayó la necesidad de dimensionar el fenómeno del reclutamiento como un problema más amplio y complejo, con múltiples modalidades que requieren una tipificación penal específica.
Reserva aprobada para aumentar penas en un 50%
El pleno aceptó una reserva suscrita por todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, que establece un aumento del 50% en las penas cuando las personas sean obligadas a cometer delitos o a participar en grupos vinculados a la delincuencia organizada. Esta medida busca agravar las sanciones en casos donde exista coerción o explotación criminal.
Organizaciones civiles insisten en crear un nuevo tipo penal
La organización Tejiendo Redes Infancia denunció que la reforma evade el tema central al no tipificar el reclutamiento forzado como un delito autónomo. Solicitó al Senado convocar a un parlamento abierto para desarrollar una legislación que proteja específicamente a la infancia frente al crimen organizado. Además, advirtió que el uso del término "corrupción" podría criminalizar a las víctimas en lugar de reconocer su condición de explotación.
El proyecto de dictamen ha sido enviado al Senado para continuar con el proceso legislativo, donde se espera que se discutan las propuestas de mejora y se evalúe la creación de un tipo penal independiente para el reclutamiento forzado.
