El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) planteó este lunes a la Cámara de Diputados la importancia de legislar contra “el edadismo”, entendido como conductas y prácticas discriminatorias basadas en la edad. En una reunión con los integrantes de la Comisión de Grupos Vulnerables, el subdirector jurídico del INAPAM, Edgar Olivares, expuso que ese comportamiento en la familia y en las instituciones representa actualmente en México “una barrera profunda” que impide a este sector de la población ejercer los derechos que el orden jurídico les reconoce.
Un llamado a reconocer el edadismo como discriminación
El funcionario expuso que, a pesar del desarrollo de las leyes en la materia, existen nuevos retos para consolidar un enfoque de derechos, como responder con firmeza al fenómeno del edadismo y el reconocimiento pleno del derecho al cuidado. “La fortaleza de un Estado democrático también se mide por su capacidad para garantizar que todas las personas, sin importar su edad, puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, autonomía y dignidad”, definió.
Edgar Olivares se refirió a la importancia de las leyes derivadas de la reforma constitucional del 2011 que, en materia de derechos humanos, colocó a la persona en el centro de la actuación del Estado, y a la adopción de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Destacó que ambos marcos jurídicos establecieron obligaciones concretas que han permitido el reconocimiento de las barreras sociales, culturales, económicas e institucionales que se enfrentan en el envejecimiento.
El edadismo se manifiesta en la vida cotidiana
Afirmó que para remover esos obstáculos los legisladores están obligados a atender “aquellos factores invisibles pero persistentes que limitan el ejercicio de los derechos”, destacando el caso del edadismo. “El edadismo se manifiesta cotidianamente en múltiples formas. Un ejemplo claro ocurre cuando se asume, de manera automática, que una persona mayor no puede tomar decisiones informadas sobre su patrimonio o tratamiento médico, desplazando su voluntad, bajo el falso argumento de protegerla, cuando en realidad se está vulnerando su autonomía y su derecho a decidir”, explicó.
Pidió a los diputados federales incluir en la agenda parlamentaria el combatir el edadismo, reconociendo en futuros ordenamientos legislativos que la edad, por sí misma, jamás puede constituir un criterio para restringir derechos o limitar oportunidades. “En un Estado constitucional, todas las personas merecen un trato libre de cualquier forma de discriminación”, enfatizó. Sostuvo que no se trata de garantizar la autonomía, la igualdad y la dignidad de las personas mayores en un sentido abstracto, sino de lograrlo en la realidad cotidiana de esta población.
Datos de asesorías revelan focos de vulnerabilidad
El funcionario del INAPAM contó a los diputados que, de acuerdo con un muestreo sustentado en el registro de 9 mil 934 solicitudes de asesoría jurídica a nivel nacional, los principales focos de vulnerabilidad y abuso que padece la población mayor se presentan en crisis del entorno familiar, con manifestaciones de violencia, abandono económico y demandas de pensión alimenticia. Detalló que en segundo lugar se ubican los conflictos de convivencia y restricción de visitas, así como juicios de divorcio; despojo e inseguridad patrimonial.
El subdirector del INAPAM comentó que otra solicitud reiterada son las asesorías notariales para poder emitir testamentos o resolver problemas relacionados con esta temática. “Los propios adultos mayores tienen que litigar dentro de los tribunales, en los cuales se les dan largas, a efectos de poder disfrutar herencias a las que tienen derecho”, ejemplificó. También existen casos de desalojo y despojo, en los que el adulto mayor se ve vulnerado en muchos de sus derechos.
Delitos y barreras burocráticas que persisten
En materia penal, detalló que los delitos por agresiones y violencia psicológica ocupan uno de los primeros lugares; seguidos de fraudes económicos, despojos por falsificación de firmas por parte de los propios familiares. Además persisten las barreras burocráticas e institucionales en la vía administrativa o laboral, tanto para el registro de datos como por la deliberada invisibilidad que se da en las instituciones frente a los adultos mayores que requieren de sus servicios, incluidos los de las pensiones y trámites en registros civiles.
Insistió en la urgencia de atender el fenómeno del edadismo que se manifiesta con la erradicación o invisibilización de la autonomía de la persona adulta mayor. Señaló además que existe disparidad entre la Ley Federal de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y la legislación local de las 32 entidades federativas, lo cual genera “una profunda incertidumbre jurídica selectiva”. La evolución del marco jurídico de protección de los derechos de las personas adultas mayores ha sido también la evolución de la forma en que se comprende el envejecimiento como una etapa de la vida en la que todas las personas deben ejercer plenamente sus derechos con autonomía, igualdad, participación y dignidad.
