El lucrativo negocio de las despensas mexicanas para Venezuela
Un reportaje de investigación ha revelado que tres empresas mexicanas con historiales cuestionables han sido las principales beneficiarias del multimillonario negocio de exportación de despensas CLAP al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Estas compañías, a pesar de estar involucradas en escándalos sanitarios y de corrupción, han obtenido contratos por más de 850 millones de dólares entre enero de 2017 y agosto de 2018.
Las empresas y sus oscuros antecedentes
Las empresas identificadas como las más activas en este negocio son El Sardinero, Rice&Beans y L.C.L.C., esta última responsable de uno de los escándalos alimentarios más graves en el sistema penitenciario mexicano.
En junio de 2014, L.C.L.C. fue multada por las autoridades sanitarias de Jalisco con 331,217 pesos tras comprobarse su responsabilidad en la intoxicación de 450 reos en el penal de Puente Grande, causada por comida contaminada con salmonela. A pesar de esta sanción y de múltiples quejas documentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la calidad antihigiénica de los alimentos que provee, la empresa continúa recibiendo contratos millonarios para alimentar reclusos en varios estados del país.
El Sardinero, por su parte, fue sancionada en diciembre de 2014 por la Función Pública con una prohibición de más de dos años para celebrar contratos con dependencias federales y una multa de 672,000 pesos por falsificar la dirección de la empresa en una licitación pública. Su dueño, Jorge Carlos Fernández Francés, también saltó a los medios en 2015 por evadir impuestos usando placas falsas de la Ciudad de México en un Ferrari que conducía en Europa.
Rice&Beans y su empresa hermana Almacenes Vaca, propiedad del empresario guanajuatense Aristóteles Vaca Pérez, han obtenido alrededor de 600 contratos por adjudicación directa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por un monto total de 567 millones de pesos.
El esquema de exportación a Venezuela
De acuerdo con facturas en poder de Excélsior, estas empresas mexicanas han vendido despensas al gobierno venezolano en condiciones preferenciales: pago por adelantado, al contado, en una sola exhibición y en dólares. El negocio ha sido tan fructífero que representó más de 850 millones de dólares en menos de dos años.
El esquema involucra a intermediarios colombianos como Álex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, así como a la compañía Group Grand Limited, que facturaba los alimentos al gobierno de Maduro con sobreprecios de hasta el 112% respecto al costo pagado en México.
Cuando la Procuraduría General de la República impuso una sanción de 3 millones de dólares a los involucrados en esta red el pasado 18 de octubre, se limitó a referir a los empresarios colombianos y a representantes de Group Grand Limited, pero omitió mencionar a las empresas mexicanas y sus dueños que cobran millones por la venta de comida a Venezuela.
Productos de baja calidad y monopolios
La investigación también reveló que la leche en polvo Kosland, producida por una filial de L.C.L.C., contenía niveles nutrimentales tan bajos que un niño necesitaría beber 24.8 vasos en lugar de 1.8 para cumplir con su requerimiento diario de calcio.
Una empresa prácticamente desconocida de Monterrey llamada Grupo Brandon monopolizó los envíos de leche en polvo a Venezuela, generando 75 millones de dólares en 2018 por la exportación de 85 millones de kilos.
Antes de que se estableciera esta alianza comercial entre empresarios mexicanos y el gobierno venezolano para surtir el programa CLAP, el intercambio comercial entre ambas naciones era mínimo, limitándose a exportaciones esporádicas de aceite vegetal, harina de maíz y lentejas.
Historial de corrupción documentado
Entre noviembre de 2010 y noviembre de 2011, se documentó un caso de corrupción en el que el director de Adquisiciones de Bienes del IMSS, César Mora Eguiarte, filtraba información a los directivos de L.C.L.C. para que ganaran licitaciones. El funcionario fue separado de su cargo tras comprobarse que enviaba los proyectos de licitación a las empresas, quienes le devolvían el documento marcando con colores lo que debían modificar para ser favorecidas.
De los 4,623 millones de pesos que L.C.L.C. ha recibido por contratos públicos, 2,965 millones provinieron del IMSS, según datos de Contratobook.
La sanción insuficiente
La PGR anunció que los implicados en este esquema llegaron a un acuerdo reparatorio en el que se comprometieron a donar tres millones de dólares a la ONU para ayudar con la emergencia alimentaria en Venezuela. Sin embargo, esta cantidad ni siquiera representa el 10% de lo que ganaron por revender las despensas con sobreprecios, según documentación en poder de Excélsior que muestra facturas de hasta 42 millones de dólares por seis millones de kilos de leche en polvo.
El programa CLAP fue implementado por Nicolás Maduro en 2016 con el objetivo declarado de frenar la escasez de comida en Venezuela, pero se ha convertido en un negocio redondo para un selecto grupo de empresarios colombianos, venezolanos y mexicanos que operan con impunidad a ambos lados del Atlántico.
