La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó formalmente al gobierno de Estados Unidos la extradición de Ismael "El Mayo" Zambada, al existir en México 32 investigaciones en su contra y órdenes de aprehensión vigentes por delitos cometidos en territorio nacional. La petición fue rechazada por el Departamento de Justicia, que argumentó que Zambada enfrenta un proceso ante una Corte de Distrito en Estados Unidos.
Investigación por posible intervención del FBI
En conferencia de prensa, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos explicó que la detención de "El Mayo", ocurrida el 25 de julio de 2024 tras su presunto secuestro en Sinaloa y posterior traslado a territorio estadounidense, abrió una investigación de alta complejidad por posibles violaciones al derecho mexicano e internacional. La FGR indaga si la operación se ejecutó en suelo nacional con participación de agencias extranjeras.
Desde esos hechos, la Fiscalía ha iniciado siete carpetas de investigación vinculadas con el caso, que incluyen el homicidio de Héctor “N”, el secuestro de Ismael “N”, la desaparición de dos escoltas, alteraciones en la escena del crimen y posibles negligencias ministeriales del fuero común. Dentro de esas carpetas, se han realizado 153 entrevistas, mil 288 informes, 124 dictámenes periciales y múltiples actos de investigación.
Bloqueos del FBI y datos falsos
Godoy Ramos señaló que autoridades estadounidenses entregaron información falsa o imprecisa sobre la identificación del avión utilizado en el traslado. Durante diligencias realizadas por personal de la FGR en instalaciones del FBI en El Paso, Texas, y en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, no se permitió ejecutar plenamente las acciones periciales ni tomar fotografías de los indicios.
La fiscal también informó que México presentó una nueva solicitud de asistencia jurídica internacional ante el Departamento de Justicia en Washington para que Estados Unidos proporcione datos sobre la posible participación de funcionarios del FBI en la planeación, organización, captura y traslado de Zambada.
Implicaciones diplomáticas
El caso abrió un frente diplomático. El 9 de agosto de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que su gobierno no participó en la operación, que no se trató de una aeronave estadounidense y que no intervinieron agentes de su país. La fiscal general destacó que, frente a nuevos datos que apuntan a una posible intervención del FBI, se estaría ante una transgresión a la buena fe en las relaciones diplomáticas.
Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la fiscalía especializada de control competencial, señaló que las consecuencias para Ken Salazar se ubicarían en el plano del derecho diplomático internacional, sin que ello implique automáticamente una responsabilidad penal por coparticipación.
Inconsistencias en la aeronave y el piloto
La FGR detectó inconsistencias desde el origen. Personal ministerial acudió en agosto de 2024 a oficinas del FBI en El Paso y al aeropuerto de Santa Teresa para revisar indicios de la aeronave. No se permitió realizar diligencias completas, tomar fotografías ni acceder a información suficiente. Estados Unidos no proporcionó datos precisos sobre el piloto, quien solicitó ser deportado de inmediato a México. En el expediente constan datos falsos o imprecisos sobre la matrícula y medios de identificación del avión, el cual habría sido modificado en pintura, luces, combustible y motor.
Investigación separada sobre Rocha Moya
Respecto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la FGR precisó que la investigación se lleva por separado. Inició a partir de una solicitud de detención provisional con fines de extradición formulada por Estados Unidos contra 10 personas señaladas como funcionarios y exfuncionarios. Hasta ahora, no se han recibido pruebas concretas que alcancen el parámetro probatorio exigido por el derecho mexicano. La FGR aclaró que la carpeta se limita a los delitos referidos por Estados Unidos y no se ha ampliado a otros ilícitos.
