La Fiscalía General de la República (FGR) presentó más de un centenar de datos de prueba contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otros seis coacusados por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando relacionados con combustibles, conocido como huachicol fiscal. Tras dos días de audiencia, una jueza federal ordenó prisión preventiva para Ruffo Appel, quien será internado en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano, en el Estado de México.
Prisión preventiva para Ruffo y otros implicados
La medida cautelar también fue dictada para Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, quienes enfrentan acusaciones similares. En el caso de José María Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, la jueza determinó prisión domiciliaria por razones de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén fue ingresada al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.
Más de 100 pruebas presentadas por la FEMDO
Durante la audiencia, que se extendió por más de un día con varios recesos, el agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó más de un centenar de datos de prueba contra los imputados. La defensa de los acusados solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, lo que retrasará la resolución de la vinculación a proceso.
Operativo del Gabinete de Seguridad
El jueves pasado, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México ejecutó las órdenes de captura contra Ruffo Appel y sus coacusados, como resultado de una investigación calificada de alta complejidad. El caso está relacionado con un esquema irregular de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo, que implicaba contrabando de hidrocarburos.
Esquema de evasión fiscal
Las investigaciones establecieron que el grupo utilizaba empresas para introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, reportando cantidades menores o declarando que se trataba de otros productos, con el objetivo de evadir impuestos. La FGR continúa con las indagatorias para determinar el alcance total de la red de huachicol fiscal.
