El director de la DEA, Terry Cole, declaró que los cárteles de la droga y el gobierno mexicano mantienen una "peligrosa conexión" y son "inseparables", durante la inauguración de una cumbre por una América libre de fentanilo, con más de tres mil participantes de diversos países. Cole, quien fue representante de la DEA en México durante el gobierno de López Obrador y renunció para luego regresar a dirigir la agencia con la segunda presidencia de Trump, aseguró que la DEA pone "todo el peso en la lucha contra los cárteles, sus facilitadores, distribuidores, lavadores de dinero, proveedores de sustancias químicas y cualquier persona que se beneficie envenenando a ciudadanos estadounidenses. Esto incluye la peligrosa conexión entre las redes de los cárteles y el gobierno mexicano. Son inseparables. Y en la DEA son nuestra máxima prioridad".
Acusaciones contra funcionarios mexicanos
Estas declaraciones se suman a las de la Fiscalía de Nueva York, que en su petición de sentencia contra El Mayo Zambada —a decidirse el próximo lunes—, así como a las de Homeland Security y el Departamento de Guerra de Estados Unidos. El presidente Trump también ha señalado este vínculo, más recientemente en la cumbre del G7 en Francia. Además, mañana se celebrará una cumbre ministerial convocada por Marco Rubio para abordar el terrorismo político internacional, donde la principal amenaza identificada son los cárteles narcoterroristas, según documentos de seguridad de Washington.
Reunión en Palacio Nacional sin acuerdos
El 25 de mayo pasado, se informó que en una reunión en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el jefe de Homeland Security, Markwayne Mullin, se advirtió que seguirían las denuncias contra políticos y funcionarios mexicanos. Se mencionaron nombres como el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y 20 funcionarios; la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y otros 12 acusados; el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y nueve políticos; y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, con 11 miembros de su equipo. Mullin indicó que, si no se avanzaba en detenciones —como las de los acusados de Sinaloa, incluyendo al gobernador Rubén Rocha y al senador Enrique Inzunza—, se tomarían medidas contra estos y otros políticos, pues la lista es más extensa.
Defensa de funcionarios y nuevos audios
La reunión con Mullin terminó mal y sin acuerdos, agudizando las diferencias entre Palacio Nacional y la Casa Blanca. Otra reunión el 12 de junio, posterior al inicio del Mundial, también fue decepcionante y sin acuerdos sustantivos. El gobierno federal sigue defendiendo a todos los suyos, incluso ante nuevas evidencias. Tras la difusión de audios de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ofreciendo información de las mesas de seguridad de su estado para colaborar con Estados Unidos y evitar investigaciones en su contra, fue defendida en la mañanera, argumentando que no sabía con quién hablaba y que lo dicho no implica colaboración con el gobierno estadounidense. Se le recomendó demandar a quienes la grabaron por violación a la privacidad.
Próximas oleadas de acusaciones
El domingo 19 de julio termina el Mundial y también la tregua. La jueza del caso del exsecretario de seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, Katherine Polk, advirtió que las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios mexicanos por nexos con el narcotráfico continuarán en "oleadas", basadas en información y testimonios de testigos colaboradores y líderes de cárteles bajo custodia estadounidense.
