La reforma impulsada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y aprobada por el Congreso de la Unión en noviembre de 2024 ha cobrado especial relevancia tras la denuncia ciudadana de Daniela, quien señaló haber sido víctima de agresión sexual por parte del regidor de Tijuana, Miguel Loza. La joven manifestó haber enfrentado más de diez meses de amenazas, hostigamiento y medidas de protección insuficientes para garantizar su integridad.
El caso que evidenció la urgencia de la reforma
Ante esta situación, el PVEM señaló que el caso evidencia de manera contundente la necesidad urgente de contar con instituciones especializadas que operen con personal formalmente capacitado y protocolos estrictos con perspectiva de género. El instituto político subrayó la importancia de garantizar investigaciones totalmente imparciales, especialmente en escenarios donde las denuncias involucran a servidores públicos o personas que ostentan posiciones de poder dentro de la estructura gubernamental.
La denuncia formal interpuesta por la víctima expuso presuntas irregularidades en el desarrollo de la investigación, la falta de un seguimiento adecuado a las medidas de protección asignadas y la negativa recurrente de las autoridades para solicitar una orden de restricción en contra del funcionario público denunciado.
Retos estructurales del sistema de justicia mexicano
De acuerdo con el posicionamiento del partido, esta problemática refleja con claridad los profundos retos estructurales que el sistema de procuración de justicia mexicano todavía enfrenta para brindar esquemas de protección que resulten verdaderamente efectivos. La reforma constitucional busca robustecer integralmente las fiscalías especializadas para asegurar intervenciones oportunas y evitar la revictimización de las denunciantes.
El marco legal pretende blindar los procesos jurídicos a fin de que ninguna denuncia por violencia sexual o de género quede rezagada debido a deficiencias en la capacidad técnica de los Ministerios Públicos o por posibles presiones externas derivadas del influyentismo. Con esta reforma, se espera que las fiscalías cuenten con los recursos y la autonomía necesaria para actuar con celeridad y eficacia.
