Una cadena de resoluciones, amparos y modificaciones de última hora mantiene abierta la posibilidad de que el “Bar Adelitas”, el “Hotel Coahuila” y el “Bar Valentina” regresen a manos de la organización criminal internacional de trata de personas encabezada por Juvenal “N”, alias “El Padrino” y sus hijos.
El próximo miércoles 15 de julio, a las 12:00 horas, el Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, Sonora, deberá realizar una nueva audiencia para resolver la solicitud de levantamiento del aseguramiento y entrega de los tres establecimientos. La diligencia deriva de la causa penal 19/2023 y de una ejecutoria dictada dentro del amparo en revisión 176/2025.
La disputa ocurre mientras Juvenal “N” permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 11, después de ser detenido en Guadalajara, Jalisco, en marzo de 2026. Autoridades federales lo señalan como dirigente de una organización dedicada a la trata de personas y la explotación sexual, con operaciones en la Zona Norte de Tijuana.
Estrategia legal para recuperar los inmuebles
En el centro de la estrategia para recuperar los inmuebles se encuentra el abogado Rubén Fernando Benítez Álvarez de Castillo, apoderado general de Liga de Comercio Empresarial, S. de R.L. de C.V., sociedad que reclama la posesión de los establecimientos.
El conflicto judicial se remonta al 12 de mayo de 2023. Ese día, un juez de Distrito en funciones de juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Sonora, ordenó levantar el aseguramiento y entregar el “Bar Adelitas”, el “Hotel Coahuila” y el “Bar Valentina”.
Las víctimas promovieron el amparo indirecto 642/2023 contra esa determinación. El asunto quedó radicado en el Juzgado Decimosexto de Distrito en Baja California.
Amparo y recursos de revisión
El 31 de enero de 2025, la justicia federal concedió el amparo. Sin embargo, la sentencia no cerró definitivamente la posibilidad de devolver los establecimientos. Su efecto inicial fue ordenar que se repitiera la audiencia en la que se había solicitado su liberación.
Las víctimas presentaron un recurso de revisión. El expediente quedó registrado con el número 176/2025 ante el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en Mexicali.
El 19 de marzo de 2026, el tribunal confirmó la protección federal, pero precisó sus alcances. Ordenó dejar sin efectos la determinación del 12 de mayo de 2023 y reponer la audiencia, con la participación de quienes habían intervenido originalmente, sin abrir un nuevo debate.
También instruyó al juez de Control a emitir una resolución congruente, exhaustiva, fundada y motivada. La ejecutoria no ordenó entregar los inmuebles. Tampoco dispuso que el aseguramiento quedara firme. Dejó la decisión en manos del órgano judicial de Hermosillo, una vez corregidas las irregularidades procesales detectadas.
Cambios en la fecha de audiencia
La reposición fue programada inicialmente para el 28 de octubre de 2026. Después se adelantó al 10 de septiembre.
La jueza Decimosexta de Distrito en Baja California, María del Carmen Mondragón Rodríguez, consideró excesivo el plazo y requirió al Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo justificar la demora. Un acuerdo del 6 de mayo advirtió sobre posibles multas y medidas de apremio en caso de incumplimiento de la ejecutoria.
De acuerdo con la información procesal, la audiencia fue adelantada nuevamente y quedó fijada para el 15 de julio. El Ministerio Público de la Federación y representantes de las víctimas interpretan la aceleración del procedimiento como una presión que podría favorecer a la parte que reclama los bienes. Sin embargo, la exigencia de cumplir una sentencia de amparo no demuestra, por sí misma, que la juzgadora haya anticipado el sentido de la resolución o actuado de manera irregular.
Investigaciones sobre posibles irregularidades
Fuentes federales han señalado que la FGR mantiene líneas de investigación sobre la actuación de funcionarios judiciales en Sonora y Baja California, ante la posibilidad de que determinadas resoluciones, omisiones o trámites hayan otorgado ventajas indebidas a personas relacionadas con la presunta red.
Las pesquisas buscan establecer si existieron actos de corrupción, presiones, amenazas o acuerdos fuera de los cauces legales. Por ahora, se trata de investigaciones y señalamientos, no de responsabilidades penales declaradas.
El artículo 225 del Código Penal Federal contempla sanciones para los servidores públicos que, mediante actos u omisiones, provoquen un daño o concedan una ventaja indebida dentro de la administración de justicia.
Desde 2023, la FGR y la representación de las víctimas han impugnado distintas determinaciones relacionadas con los bienes. Algunas resoluciones permitieron avanzar hacia su devolución; otras suspendieron o dejaron sin efecto esas decisiones.
Facturera reclama los establecimientos
Liga de Comercio Empresarial, S. de R.L. de C.V. aparece en documentos relacionados con el Bar Adelitas, el Hotel Coahuila y el Bar Valentina. Las personas vinculadas con la empresa son Damián y Aschey Jiménez Álvarez, identificados como hijos de Juvenal “N” con órdenes de aprehensión y fichas rojas de la Interpol.
El abogado Benítez Álvarez de Castillo ha participado en litigios de alto perfil, entre los que se encuentran las defensas de Jorge Hank Rhon, del exmarine estadounidense Andrew Tahmooressi y del joven estadounidense Ethan Couch; también se incorporó al equipo legal de Julio César Chávez Jr.
En la audiencia del 15 de julio, el juez deberá resolver si mantiene el aseguramiento o permite la entrega de los inmuebles a la empresa reclamante. El fallo pondrá a prueba la capacidad del sistema judicial para evitar que bienes vinculados con investigaciones de trata de personas o del crimen organizado regresen a particulares sin que antes se esclarezca su origen, su uso y la relación de quienes los reclaman con la causa penal.
