La reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, conocida como "Ley Mordaza" por la oposición, ha desatado un intenso debate sobre los límites del poder estatal y la libertad de expresión en México. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, busca actualizar el marco legal del sector, pero sus críticos advierten que podría concentrar facultades regulatorias en el Ejecutivo y derivar en censura.
La tentación de confundir mayoría con unanimidad
La ley, que actualmente se encuentra en un periodo de "análisis y discusión en foros abiertos", ha sido presentada por el gobierno como una herramienta para combatir la desinformación y proteger a las audiencias. Sin embargo, la oposición y diversos expertos han señalado que el texto, ya decidido, deja abiertas las puertas para que un gobierno, cualquiera que sea su color, controle el discurso público.
Como señala el columnista Ernesto Zavaleta en un análisis reciente: "En política existe una tentación permanente: confundir tener la mayoría con poseer la unanimidad. Y cuando eso ocurre, toda crítica parece una agresión; toda pregunta, una conspiración; toda discrepancia, un acto de deslealtad. Y toda legislación se vuelve imposición".
Antecedentes históricos y el nuevo marco regulatorio
La historia mexicana ofrece ejemplos de cómo la regulación de los medios ha sido utilizada para concentrar privilegios, como la "Ley Televisa" o la creación del IFT como órgano autónomo. Ahora, en nombre de la simplificación institucional, se eliminan contrapesos y el Estado recupera facultades que estaban repartidas entre organismos especializados.
Los defensores de la reforma argumentan que se trata de una modernización necesaria y de fortalecer la rectoría del Estado en un sector estratégico. No obstante, los críticos subrayan que la concentración de poder en el Ejecutivo y las sanciones previstas podrían afectar la libertad de expresión si se aplican sin contrapesos suficientes.
La autocensura: el silencio que se instala poco a poco
El temor principal es que la ley fomente la autocensura. "No hace falta cerrar periódicos, estaciones o plataformas para limitar la libertad", advierte Zavaleta. "A veces basta con que los medios, las plataformas o los concesionarios comiencen a preguntarse si vale la pena incomodar al poder cuando una interpretación administrativa puede convertirse en sanción".
La autocensura, como se ha visto en otros contextos, no se anuncia: se instala como prudencia y se convierte en costumbre, hasta terminar en silencio. Y la libertad de expresión, como se ha dicho, no protege solo las opiniones agradables, sino también las incómodas, las exageradas y las que molestan al gobierno.
El INE como árbitro del lenguaje político
El debate se ha intensificado con la reciente decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de ordenar al dirigente del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, retirar publicaciones y abstenerse de llamar "narcopartido" a Morena, como medida cautelar mientras se resuelven denuncias. Además, el INE dio curso a una solicitud de Morena para revisar las redes sociales del diputado federal Rubén Moreira Valdez.
Alito Moreno ha anunciado que impugnará la resolución, mientras que Rubén Moreira ha insistido en que el crimen organizado busca influir en elecciones y gobiernos, y que la democracia mexicana enfrenta un riesgo creciente por la penetración de la violencia y el dinero ilegal en la política.
La paradoja de las palabras prohibidas
La medida del INE ha generado una discusión sobre hasta dónde puede llegar el lenguaje político sin convertirse en propaganda ilícita o en imputaciones sin sustento judicial. La paradoja es evidente: en México abundan investigaciones y señalamientos contra personajes de prácticamente todos los partidos, pero cuando el debate toca al partido en el poder, el árbitro electoral se convierte en árbitro del vocabulario.
La historia demuestra que intentar silenciar una expresión solo consigue multiplicarla. La censura casi nunca elimina una idea; generalmente la convierte en bandera. Como advierte Zavaleta: "las palabras prohibidas suelen adquirir una fuerza que jamás habrían tenido por sí mismas".
La confianza pública: el verdadero problema
Mientras Morena celebra la decisión del INE como un freno a la desinformación, la oposición denuncia censura y trato desigual. La mayor ironía es que, cuando un país discute qué adjetivo puede pronunciar un diputado, el problema ya no es el diccionario, sino la confianza pública.
La pregunta que debería hacerse cualquier legislador no es si confía en el gobierno actual, sino si confiaría en que esa misma ley estuviera mañana en manos de su peor adversario político. Si la respuesta es no, entonces la discusión nunca fue sobre telecomunicaciones o narcogobiernos; fue y es sobre el poder. Y el poder, como las frecuencias del espectro, siempre busca ampliar su cobertura.
