Corte Suprema reactiva orden de captura contra exgobernador de Tamaulipas
En una decisión histórica que marca un precedente constitucional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad reactivar la orden de captura en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La resolución se produce tras denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Detalles de la resolución judicial
Durante la sesión de este martes, los ministros analizaron el amparo en revisión 435/2025, elaborado por la ministra Lenia Batres Guadarrama. Aunque el proyecto no contó con apoyo unánime en cuanto a su metodología, sí hubo consenso absoluto en la decisión de negar la protección de la justicia federal al exmandatario tamaulipeco.
La Corte estableció que, para librar una orden de aprehensión en el Sistema Penal Acusatorio, no se requiere prueba plena, sino datos suficientes que permitan suponer razonablemente la comisión de un delito y la probable participación del imputado. Este estándar constitucional fue el eje central de la discusión, donde se analizó si el Juez de Control había exigido más pruebas de las establecidas por la Constitución.
Antecedentes del caso
Los antecedentes judiciales revelan que en octubre de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó por primera vez la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca por los delitos señalados. Sin embargo, en diciembre de 2023, la titular del Juzgado Octavo de Distrito con sede en Tamaulipas, Adriana Yolanda Vega Marroquín, concedió el amparo al exgobernador y ordenó cancelar la orden de captura.
Durante la discusión del proyecto en la SCJN, las ministras y ministros se pronunciaron enérgicamente en contra de asumir el papel de juez de control o de volver a valorar los datos de prueba, enfatizando que corresponde a las instancias correspondientes aplicar el estándar constitucional establecido.
Implicaciones de la decisión
Esta resolución no solo reactiva el proceso legal contra el exgobernador, sino que también fija un precedente importante sobre los requisitos probatorios necesarios para emitir órdenes de captura en casos de delincuencia organizada. La decisión unánime del máximo tribunal del país refuerza el mensaje de que las acusaciones por delitos graves deben ser procesadas conforme a los estándares constitucionales, sin requerir pruebas absolutas en etapas iniciales.
El caso continúa bajo seguimiento judicial, y se espera que las autoridades correspondientes ejecuten la orden de captura en cumplimiento de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
