El intrincado rompecabezas de la seguridad en México
El sistema de seguridad mexicano presenta, a primera vista, una estructura aparentemente completa pero profundamente desarticulada, lo que cuestiona su viabilidad práctica. En el corazón de este mecanismo se encuentra la Fiscalía General de la República (FGR), encargada de investigar delitos de orden federal, integrar carpetas de investigación y consignar a los presuntos responsables ante jueces federales en materia penal.
Los múltiples actores en el campo de batalla
En el ámbito federal, las acciones de seguridad recaen principalmente en la Guardia Nacional (GN), que realiza labores policiales con el apoyo coadyuvante de las Fuerzas Armadas Mexicanas. A este entramado se suman las Policías Estatales y Municipales, cuya función se centra en la prevención y persecución de delitos del fuero común, aunque pueden colaborar con autoridades federales en ciertos casos.
Posteriormente, el sistema se completa con los órganos jurisdiccionales federales y locales, que a través de juzgados y tribunales se encargan de impartir justicia a quienes las autoridades presenten como presuntos delincuentes. Finalmente, los centros penitenciarios del sistema federal y estatal buscan cumplir con la purga de condenas y la reinserción social de los sentenciados.
La teoría versus la realidad
En teoría, esta estructura debería ser suficiente para que la estrategia de seguridad funcione adecuadamente. Sin embargo, existen elementos conceptuales en la Constitución que podrían impedir su correcta interpretación y funcionamiento institucional, alejándose así de la política ideal.
Existe algo, o quizás mucho, que obstaculiza que este complejo entramado de atribuciones, ya sea de forma aislada o conjunta, se articule debidamente para garantizar la seguridad. Es probable que la voluntad política de la Federación y las Entidades Federativas, sumada a la corrupción e impunidad, no lo permitan.
Las consecuencias de un sistema fallido
Cuando la prevención, la procuración y la impartición de justicia presentan deficiencias, se genera una ausencia de castigo para faltas y delitos. Esta carencia produce desigualdades en la procuración e impartición de justicia, abre brechas de inequidad y genera inconsistencias en los sistemas y subsistemas correspondientes. Lo más grave es que la ciudadanía se siente desprotegida, desamparada y sin saber a quién recurrir.
Cuando la autoridad renuncia o se desentiende de sus responsabilidades en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia, emerge una ciudadanía furiosa y ávida de justicia. Este fenómeno social deriva en ajusticiamientos o linchamientos en diversas partes del país, como respuesta desesperada ante la ineficacia institucional.
Ejemplos que evidencian las fallas
Las dudas sobre el sistema son numerosas y se materializan en casos concretos:
- En enero de 2023, más de 7 millones de balas fueron robadas de dos tráileres que circulaban por carreteras de Guanajuato, sin que hasta ahora ningún servidor público haya rendido cuentas por este grave hecho.
- Se han registrado múltiples sustracciones de información por hackers informáticos a instituciones clave como la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la secretaría particular del secretario de Defensa, Petróleos Mexicanos, el IMSS y el SAT.
- Recientemente, se documentó el abandono procesal de la escena donde fue capturado Nemesio Osegueda, evidenciando negligencias en procedimientos críticos.
No falta la autoridad insulsa e impertinente que, lejos de resolver, revictimiza y provoca en la sensibilidad ciudadana un frenético reclamo de incapacidad gubernamental.
El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México.
