La Fiscalía General de la República (FGR) informó que espera que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York proporcione datos de prueba suficientes para conceder la solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve funcionarios públicos señalados de estar aliados con el narcotráfico y el crimen organizado. Hasta el momento, dichos datos no han sido exhibidos.
Antecedentes de la acusación
Autoridades de justicia estadounidenses imputaron cargos por narcotráfico y tráfico de armas, en alianza con el Cártel de Sinaloa, a Rubén Rocha Moya y a los siguientes funcionarios: Enrique Inzunza Cázarez; Enrique Díaz Vega, Secretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra; Marco Antonio Almanza Avilés, Jefe de Investigación Criminal de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”; Gerardo Mérida Sánchez, exjefe de la Policía Estatal hasta 2024; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, segundo al mando de la Policía Estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde activo de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, comandante de la policía municipal de Culiacán, alias “Juanito”. La justicia estadounidense solicitó que la FGR acepte la extradición para que estos funcionarios, en su mayoría de Morena, comparezcan ante un juez en Estados Unidos.
Postura de la FGR
El doctor Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores turnó a la Fiscalía mexicana la solicitud de la Fiscalía de Nueva York, dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, para detener con fines de extradición a Rocha y sus cercanos. Sin embargo, aclaró que este procedimiento no es un proceso de extradición formal, sino una solicitud de medida cautelar.
Jiménez Vázquez reiteró que la obligación de la FGR es la procuración de justicia con base en sus facultades, pero subrayó que esta posibilidad de detención constituye una restricción a los Derechos Humanos. Por ello, la medida cautelar solo puede otorgarse si existen motivos, fundamentos y datos de prueba sólidos, encuadrables en la normatividad nacional e internacional. Aunque la medida busca evitar la sustracción de la acción de la justicia, se debe acreditar más allá de toda duda razonable la urgencia de la detención provisional.
El fiscal indicó que el pedimento de arresto provisional fue examinado por el área de Asuntos Internacionales, y las autoridades mexicanas concluyeron que no existe referencia, motivo, fundamento o prueba que requiera la detención. Además, advirtió que no hay pruebas anexas que acrediten la participación de estos funcionarios en delitos que justifiquen la extradición. “La difusión pública de la información base de este pedimento pone en riesgo el debido proceso”, afirmó Jiménez Vázquez.
Acciones de la FGR
La FGR envió una solicitud a la Cancillería para que se requieran todas las pruebas, argumentos, informes y documentos necesarios, por vías que garanticen la confidencialidad de la información, con el fin de analizar la documentación y fijar un posicionamiento institucional. “Reiteramos que por nuestra parte se llevan a cabo las investigaciones correspondientes sobre los posibles hechos ocurridos en territorio nacional”, concluyó el fiscal.
Cuando se ventilaron las acusaciones de la justicia estadounidense hacia Rocha Moya y los demás servidores públicos, la FGR anunció que revisaría la documentación enviada por el Gobierno de Estados Unidos sobre su solicitud de detención con fines de extradición. En ese momento, cuestionaron que el gobierno estadounidense “haya hecho pública la acusación, ya que este tipo de solicitudes son de carácter confidencial” y que ya es del dominio público.
La FGR insistió en que “en este como en cualquier otro caso de solicitud internacional debemos cumplir con todos los protocolos” y subrayó que “corresponde a la institución revisar la documentación para determinar si procede”. “Debemos cumplir todos y cada uno de los procedimientos establecidos en la normatividad vigente”, afirmó la FGR al apuntar que la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales revisa la documentación enviada por autoridades estadounidenses para determinar si cumple con los requisitos legales en México. “Es obligación de esta Fiscalía analizar la documentación recibida para analizar si existen los elementos probatorios para tal fin y sobre la viabilidad de la solicitud”, indicaron.
