Juez federal destituido por favorecer ilegalmente a exgobernador de Tamaulipas
En una decisión histórica que refuerza la rendición de cuentas en el poder judicial, el Nuevo Tribunal de Disciplina Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha cesado definitivamente al Juez Séptimo de Distrito, Juan Fernando Alvarado López, tras acreditarse que actuó de manera parcial y premeditada en favor del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
Obstrucción sistemática de la justicia federal
El tribunal determinó que el juez Alvarado López otorgó suspensiones injustificadas que obstaculizaron deliberadamente el avance de investigaciones penales contra el exmandatario, tanto durante su gestión como después de esta. Estas resoluciones impidieron que García Cabeza de Vaca fuera enjuiciado por la justicia federal por graves delitos que se le imputan.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, quien solicitó al entonces Consejo de la Judicatura Federal investigar al juez por haber resuelto de forma reiterada y sospechosa juicios de amparo a favor del exgobernador.
Protección durante proceso electoral y más allá
La inhabilitación del juez se da a conocer en un contexto particular: durante el proceso electoral de 2024, García Cabeza de Vaca intentó registrarse como diputado federal por la vía plurinominal para el Partido Acción Nacional. Con esta maniobra buscaba eludir dos requisitos constitucionales fundamentales:
- No acreditar su residencia efectiva en el país
- Recuperar el pleno ejercicio de sus derechos políticos
Esto último le hubiera permitido, a su vez, evadir una orden de aprehensión en su contra. El juez Alvarado López concedió entonces una suspensión para que el exgobernador fuera inscrito como aspirante, ignorando deliberadamente que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya había negado dicha posibilidad.
Antecedentes de impunidad y fuga
Previo al término de su mandato, en octubre de 2022, García Cabeza de Vaca abandonó México y se refugió en Estados Unidos, donde permanece actualmente. Desde allí publica frecuentemente videos en los que habla de política y sus actividades personales, mientras enfrenta graves acusaciones en su país.
Durante su gestión como gobernador, se giraron en su contra dos órdenes de aprehensión por los delitos de:
- Delincuencia organizada
- Peculado
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita
El juez Alvarado López elaboró resolutivos de amparo a su favor que impidieron su captura y enjuiciamiento.
Protección extendida a funcionario estatal
Además de favorecer al exgobernador, el tribunal también acreditó que el juez protegió al entonces fiscal anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, al impedir su remoción del cargo. Esto ocurrió pese a que el funcionario no había aprobado los exámenes de control y confianza requeridos para el puesto, lo que representa una grave irregularidad administrativa.
Fundamento legal y contexto regional
El Tribunal de Disciplina Judicial sustentó su resolución en la violación a los artículos 99 y 107 constitucionales, los cuales establecen claramente que los jueces de distrito no tienen competencia para pronunciarse sobre materia político-electoral, ni para actuar al margen de la responsabilidad que exige su investidura.
Cabe destacar que, desde 2022, se habían presentado al menos 37 quejas contra jueces y magistrados federales con sede en Reynosa, Tamaulipas, por presuntamente haber brindado protección al exmandatario. Este caso representa el primero en que se aplica una sanción tan severa.
Sanción ejemplar
Por la gravedad de las faltas cometidas, el Tribunal determinó no solo cesar al juez Alvarado López, sino también prohibirle desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, así como participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Esta sanción busca enviar un mensaje contundente sobre la intolerancia hacia la corrupción judicial y el abuso de autoridad.
