La Ley del Servicio Profesional de Carrera: Dos décadas de objetivos incumplidos
El 10 de abril de 2003 marcó un hito en la administración pública mexicana con la entrada en vigor de la Ley del Servicio Profesional de Carrera. Este instrumento legal tenía como propósito fundamental transformar la asignación de plazas y elevar el desempeño de las y los servidores públicos, al tiempo que generaba incentivos para desarrollar una carrera que los profesionalizara de manera permanente.
Un balance negativo tras 22 años de implementación
Hoy, a más de dos décadas de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, podemos afirmar con contundencia que, desafortunadamente, el objetivo central de la ley no se cumplió. Desde sus inicios, el sistema se vio minado por excepciones constantes, plazas creadas con candidaturas predeterminadas y concursos cuestionables que distorsionaron el principio meritocrático.
En el ámbito del Poder Ejecutivo, la ley no pudo evitar las curvas de aprendizaje recurrentes, ni la marcada varianza en el talento que se observa de un sexenio a otro. Tampoco logró garantizar sistemáticamente que los mejores perfiles ocuparan las plazas más estratégicas, perpetuando así prácticas que contradicen la profesionalización.
El contraste con el Poder Judicial
Mientras el Ejecutivo fracasaba en esta misión, el Poder Judicial Federal demostró que sí era posible consolidar una carrera basada en el mérito. Durante sus casi 30 años de autonomía, anterior a la reciente reforma, esta institución logró establecer mecanismos de crecimiento profesional genuinos.
No es necesario buscar con mucho esfuerzo para encontrar miles de historias de personas que ingresaron mediante servicio social y ascendieron escalón por escalón en la carrera judicial, impulsados por su capacidad y dedicación. En la mayoría de estos casos, el mérito no provenía de privilegios familiares o conexiones políticas, sino del trabajo constante y la preparación.
La pérdida de capital humano y la reforma judicial
La reciente reforma al Poder Judicial ha generado una pérdida significativa de capital humano que merece mayor atención en el debate público. Se ha hablado poco de esas trayectorias truncadas, de la incertidumbre laboral generada y del valor que representaban estos servidores para la institución.
Desde una perspectiva analítica, la baja participación en la votación sobre la reforma judicial no necesariamente refleja rechazo, como han argumentado algunas oposiciones, sino más bien indiferencia ciudadana. Muchas personas no acudieron a las urnas porque consideran irrelevante quién ocupe los tribunales, ya sea porque nunca han necesitado de ellos o porque, al hacerlo, no obtuvieron respuestas satisfactorias.
La oportunidad de fortalecer las instituciones
La realidad es que, a pesar de las fallas reconocidas tanto en el Poder Judicial como en la reforma implementada, todos necesitamos que esta nueva etapa funcione. Instituciones sólidas, transparentes y creíbles son esenciales para el desarrollo del país y el bienestar de los mexicanos.
Existe una oportunidad narrativa y una obligación cívica de vigilar y fortalecer al Poder Judicial en esta nueva fase. Si realmente es una institución del pueblo, como afirma el gobierno, entonces la ciudadanía debe apropiarse de ella, observarla de cerca y exigirle rendición de cuentas.
Concentrarse en lo esencial
En lugar de enfocarnos en aspectos superficiales o anecdóticos, debemos observar, entender y cuestionar las trayectorias, argumentos y decisiones judiciales. Un Poder Judicial que otorgue certidumbre jurídica beneficia a toda la sociedad.
Tenemos la oportunidad histórica de acercarnos a esta institución desde otro ángulo, generando conciencia sobre su relevancia, sistematizando la vigilancia de sus decisiones y, en el mejor escenario, aprovechando la reforma para que el Poder Judicial mejore, incluso a pesar de sus defectos iniciales.
No es un reto sencillo y los resultados no serán inmediatos, pero si nos concentramos en lo verdaderamente relevante, se trata de un desafío alcanzable que puede marcar la diferencia en la construcción de un México con instituciones más fuertes y confiables.
