Iniciativas de Sheinbaum para reformar la seguridad pública: un análisis crítico
A principios de febrero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó dos ambiciosas iniciativas legislativas ante la Cámara de Diputados. La primera propone la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, mientras que la segunda es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ambas buscan modernizar y coordinar las capacidades del Estado mexicano en la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado, alineándose con la Estrategia Nacional de Seguridad de octubre pasado y el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030. Sin embargo, su implementación y diseño exigen un escrutinio detallado para evitar que, en lugar de fortalecer la seguridad, generen nuevos problemas estructurales o vulneren derechos fundamentales.
El Sistema Nacional de Inteligencia: una necesidad con inconsistencias
La creación de un Sistema Nacional de Inteligencia se presenta como una medida necesaria en un contexto donde el crimen organizado opera con altos niveles de sofisticación y recursos. No obstante, existe preocupación de que no se enfoque en delitos de cuello blanco, limitando su alcance. En su artículo 2, la ley establece principios como el federalismo cooperativo, pero este concepto resulta impreciso y no se define en los artículos subsiguientes. Esto genera dudas sobre cómo los estados y municipios podrán acceder y utilizar la información, especialmente cuando los recursos para tecnología e investigación provienen de presupuestos estatales, no federales.
Además, el sistema no incluye disposiciones claras para que el Consejo Nacional de Seguridad Pública o sus conferencias utilicen su contenido. Si se trata de una herramienta tecnológica, no está diseñada para coadyuvar efectivamente con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que podría obstaculizar la coordinación. En un marco de frecuentes violaciones a sistemas informáticos gubernamentales, esta ley parece no contribuir significativamente a su erradicación. Es probable que estas inconsistencias se aborden en reglamentaciones secundarias, pero su ausencia inicial es notable.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: supresiones preocupantes
Por otro lado, la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública introduce cambios significativos que han generado alerta. Entre las supresiones más destacadas se encuentran:
- La eliminación de conceptos clave como Carrera Ministerial, Carrera Pericial, Carrera Policial y el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública.
- La supresión de las Comisiones Permanentes, que daban seguimiento al cumplimiento de disposiciones por parte de los Centros Nacionales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
- La desaparición de los Centros Nacionales (de Información, de Certificación y Acreditación, y de Prevención del Delito y Participación Ciudadana), reemplazados por un Sistema Nacional de Información operado por el SESNSP.
- La eliminación de descripciones de Registros Nacionales, como los de Personal de Seguridad Pública, Armamento y Equipo, y Medidas de Protección para mujeres y niños.
Estas supresiones podrían ser substituidas por Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública o del Secretariado Ejecutivo, pero su ausencia en la ley principal genera incertidumbre. Además, se suprimieron las causas de cancelación y suspensión de recursos a entidades federativas, contenidas en los artículos 144 y 145 de la ley vigente. Quizás lo más delicado es la eliminación del concepto de Instalaciones Estratégicas del artículo 146, aunque se mantiene el Grupo de Coordinación Interinstitucional. Por ahora, no hay reformas que incorporen esta importante ausencia.
Conclusión: un paso adelante con riesgos latentes
En resumen, estas iniciativas representan un avance en la búsqueda de un marco jurídico más sólido para la seguridad pública en México. Sin embargo, sus inconsistencias y supresiones abren una ventana de oportunidad para evaluar lo que ha demostrado ser útil en el pasado. Es crucial incorporar salvaguardas claras para proteger los derechos humanos y fortalecer los mecanismos de transparencia. Además, existe el riesgo de que esta nueva legislación deshaga programas presupuestarios federales alineados con actividades suprimidas. Solo mediante una implementación cuidadosa y demostrando efectividad, se podrá aspirar a un sistema de seguridad pública con un diseño institucional sólido y verdaderamente efectivo.
El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México.
