PAN propone cinco modificaciones sustanciales al Plan de Política Criminal de la Fiscalía capitalina
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México ha presentado una serie de propuestas concretas para modificar el Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal recientemente presentado por la Fiscalía General de Justicia de la capital. La diputada Olivia Garza, portavoz de la iniciativa, aseguró que estas cinco modificaciones buscan fortalecer la procuración de justicia, garantizar el acceso efectivo a la justicia y proteger los derechos humanos de la ciudadanía.
Las cinco propuestas clave del PAN
La primera propuesta consiste en hacer el Plan evaluable y auditable, incorporando un anexo técnico con línea base, metas anuales, indicadores de impacto y fuentes de verificación externas. Además, se establecerían informes periódicos obligatorios al Congreso local para garantizar transparencia y rendición de cuentas.
La segunda modificación busca regular la priorización de carpetas de investigación, estableciendo criterios públicos, objetivos y verificables. Esta medida garantizaría a las víctimas el derecho a conocer, cuestionar e impugnar la no priorización de sus casos, evitando que la persecución penal se convierta en una mera decisión administrativa.
La tercera propuesta se enfoca en incorporar salvaguardas de derechos humanos y privacidad en el uso de tecnología para investigación penal. Esto incluiría evaluaciones de impacto, límites claros al uso de datos personales y auditorías independientes para prevenir abusos.
La cuarta modificación exige que el Plan dé contenido real al enfoque territorial, publicando criterios y diagnósticos claros para la selección de zonas prioritarias. Además, se vincularían recursos y personal específicamente a dichos análisis técnicos, asegurando una distribución estratégica de los medios disponibles.
Finalmente, la quinta propuesta busca fortalecer la atención a víctimas con estándares exigibles, estableciendo tiempos máximos de atención, acompañamiento integral garantizado y mecanismos externos de evaluación del trato institucional que reciben.
Crítica constructiva al documento presentado
La diputada Olivia Garza explicó que estas propuestas parten del reconocimiento de que el Plan de Política Criminal contiene diagnósticos generales acertados, pero requiere ajustes de fondo para consolidarse como una verdadera política pública efectiva. "Nuestra postura es constructiva. No se trata de descalificar el Plan, sino de mejorarlo para que tenga metas claras, reglas transparentes y mecanismos reales de rendición de cuentas", afirmó la legisladora panista.
Garza advirtió que, sin estos ajustes, el documento corre el riesgo de quedarse en un instrumento programático sin capacidad de evaluación, al no establecer metas verificables, plazos obligatorios ni una vinculación clara con el presupuesto asignado. "La priorización es necesaria, pero debe estar regulada. Sin reglas claras, la persecución penal puede convertirse en una decisión administrativa y no en una obligación constitucional", sostuvo.
Modernización con controles y enfoque territorial
La legisladora subrayó la importancia de que la modernización tecnológica y el uso de datos en la investigación penal se realicen con controles claros y respeto a los derechos fundamentales. Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer un enfoque territorial con criterios técnicos públicos que permitan una distribución estratégica de recursos.
"El Congreso no busca debilitar a la Fiscalía. Buscamos fortalecerla con reglas claras, derechos garantizados y verdadera rendición de cuentas", concluyó Garza, señalando que estas modificaciones convertirían al Plan en una herramienta evaluable, transparente y alineada con los principios del Estado de derecho.
