Suprema Corte Blinda a Alcaldesa de Acapulco en Caso de 898 Millones de Pesos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha otorgado una protección crucial a la alcaldesa de Acapulco, Guerrero, Abelina López Rodríguez, frente a posibles sanciones derivadas de acusaciones de irregularidades en la comprobación de 898 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) correspondientes al año 2023.
Decisión Unánime del Pleno
Por unanimidad de votos, los ministros del Pleno avalaron la propuesta del ministro Rodrigo Arístides Guerrero García, declarando que el Congreso de Guerrero violó una suspensión provisional concedida previamente por la SCJN. Esta suspensión, otorgada el 25 de junio de 2025, ordenaba no continuar con la fiscalización al municipio de Acapulco de Juárez, alegando que ni el Congreso local ni la Auditoría Superior estatal tenían facultades para realizar dicha revisión.
Contexto del Conflicto
El caso se remonta a denuncias presentadas desde el 30 de mayo de 2025, cuando el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de Guerrero acusó a López Rodríguez de desacato por no entregar información solicitada durante la revisión. Como consecuencia, el 20 de junio de 2025, se inició un procedimiento de responsabilidad administrativa contra la alcaldesa, notificado el 25 de junio, misma fecha en que obtuvo la suspensión.
En su fallo emitido este martes, los ministros reconocieron que la Auditoría incumplió la suspensión, pero determinaron que no se le puede fincar responsabilidad, ya que el procedimiento administrativo comenzó antes de que tuviera conocimiento oficial de la medida protectora. La notificación al Congreso del Estado ocurrió el 2 de julio de 2025, y la Auditoría Superior tuvo conocimiento el 3 de julio.
Implicaciones y Próximos Pasos
La SCJN ordenó dejar insubsistente el inicio del procedimiento administrativo contra Abelina López hasta que el Máximo Tribunal dicte sentencia en la controversia constitucional planteada por el municipio de Acapulco. En esta sentencia, los ministros deberán definir si la auditoría iniciada al gobierno de dicha demarcación es legal o no.
Este caso subraya las tensiones entre los niveles de gobierno y los procesos de fiscalización, destacando la importancia de las garantías judiciales en la protección de funcionarios públicos durante investigaciones administrativas.
