La Suprema Corte incumple sus propias normas en caso de aborto
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha superado ampliamente el plazo establecido en su propio reglamento para discutir la inconstitucionalidad de la reforma que redujo el plazo para el aborto legal en Aguascalientes de 12 a 6 semanas de gestación. Este retraso, que ya supera los 30 días naturales establecidos en la normativa interna, ocurre sin que existan sanciones previstas y mantiene el caso en un limbo jurídico que afecta directamente los derechos de las mujeres y personas gestantes.
El proyecto del ministro Espinosa Betanzo
El ministro Irving Espinosa Betanzo elaboró un proyecto que busca declarar inconstitucional la reforma al Código Penal de Aguascalientes, argumentando que representa una medida regresiva y desproporcionada que criminaliza el aborto y vulnera el derecho a la salud. "El sistema normativo cuestionado representa una reducción desproporcionada del plazo de 12 semanas con que contaban las mujeres y personas gestantes para poder interrumpir su embarazo", señala el documento oficial.
El proyecto añade que las autoridades locales no acataron la Constitución respecto al reconocimiento de la vida desde la concepción y la regulación penal sobre el aborto. "El órgano legislativo insiste en instaurar normas que violan frontalmente el parámetro de regularidad constitucional", precisa el texto elaborado por el ministro Espinosa Betanzo.
Retiro irregular de la agenda
El caso estaba programado para discusión el 6 de enero de 2026, pero fue retirado de la lista del Pleno tras diversas críticas de la Iglesia católica y miembros del PAN. Fuentes judiciales confirmaron que este retiro no fue solicitado por el ministro Espinosa Betanzos, como establece el reglamento, sino por la Secretaría General de Acuerdos (SGA), encabezada por Daniel Álvarez Toledo.
El Artículo 19 del reglamento de sesiones del Pleno establece claramente que "retirado el asunto, se volverá a listar en un plazo que no excederá de 30 días naturales". Sin embargo, la normativa no especifica qué ocurre cuando este plazo se incumple, creando un vacío que permite mantener el caso pendiente por tiempo indefinido.
Consecuencias para las mujeres de Aguascalientes
Mientras la SCJN pospone la discusión, las autoridades de Aguascalientes pueden aplicar las reformas impugnadas, poniendo en riesgo a las mujeres y personas gestantes que abortan pasadas las seis semanas de gestación. Esta situación crea una incertidumbre jurídica peligrosa que afecta directamente el acceso a servicios de salud reproductiva en el estado.
La falta de programación por parte de la SGA, pese a haber transcurrido más de un mes desde el retiro del caso, representa una violación flagrante al reglamento que la propia "nueva Corte" estableció para garantizar la eficiencia en sus procesos. Este precedente podría afectar otros casos de derechos humanos pendientes de resolución en el máximo tribunal del país.
