Sheinbaum descarta líneas de investigación contra exsecretario de Marina por huachicol fiscal
En su conferencia matutina de este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó categóricamente que existan líneas de investigación en contra de Rafael Ojeda, exsecretario de Marina, por el denominado "huachicol fiscal" o contrabando de combustible. La mandataria aclaró que las indagatorias en curso se concentran exclusivamente en empresarios presuntamente responsables de estas operaciones ilícitas.
Enfoque en empresarios, no en exfuncionario
"No hay líneas de investigación contra el exsecretario y está abierta toda una línea de investigación en relación con el llamado huachicol fiscal o el contrabando de combustible", afirmó Sheinbaum durante su habitual encuentro con medios de comunicación. Las declaraciones de la gobernante ocurren luego de difundirse supuestos audios de una conversación entre el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y Ojeda, donde el primero denunciaba la red de contrabando de combustible.
La presidenta explicó que el caso es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y que aún existen diligencias pendientes. "Hay todavía detenciones pendientes, hubo detenciones de algunos miembros de Marina, como ustedes saben, que el propio almirante denunció en su momento y sigue la investigación en la Fiscalía General de la República", indicó Sheinbaum, añadiendo que corresponde a la fiscalía proporcionar información conforme avance el proceso.
El fenómeno del huachicol fiscal
El huachicol fiscal es un término utilizado en México para referirse a la importación y comercialización de combustibles sin el pago de impuestos correspondientes. Sheinbaum señaló que las investigaciones apuntan específicamente a empresarios involucrados en estas operaciones. "Son empresarios que se dedicaban a hacer parte de la entrada de combustible sin pagar impuestos a México y hay solicitud de extradición de algunos empresarios", detalló la mandataria.
Antecedentes y alcance del caso
A inicios de septiembre de 2025, la fiscalía informó sobre la apertura de un juicio contra 10 marinos y funcionarios aduaneros por su presunta implicación en una red de contrabando de combustible. Los acusados permitían la entrada de millones de litros de combustible al país, haciéndolos pasar como aditivos para su venta ilícita dentro de México y evadiendo impuestos.
En el entramado de corrupción figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del extitular de la Secretaría de Marina (2018-2024), Rafael Ojeda Durán, quien mantuvo cercanía con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con estimaciones preliminares, las pérdidas por este tipo de operaciones ilícitas podrían haber alcanzado alrededor de 9 mil millones de dólares anuales, representando un grave daño a la hacienda pública.
Sheinbaum enfatizó que corresponde a la FGR continuar con las investigaciones y proporcionar información sobre los nombres de los empresarios involucrados, en el marco legal correspondiente. El caso sigue abierto, con expectativas de nuevas detenciones y aclaraciones sobre la red de contrabando que ha afectado significativamente los ingresos fiscales del país.
