Suprema Corte autoriza a la UIF a congelar cuentas bancarias sin necesidad de orden judicial
En una decisión histórica y dividida, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin requerir una orden judicial, cuando existan indicios de delitos como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. La votación fue de seis ministros a favor y tres en contra, marcando un giro significativo en la jurisprudencia mexicana.
Abandono de jurisprudencia previa y fundamentos legales
Con este fallo, la Corte abandonó la jurisprudencia establecida en 2018, que solo permitía bloqueos bajo solicitud expresa de una autoridad extranjera. El pleno resolvió que el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito no otorga facultades discrecionales a la Secretaría de Hacienda, sino que garantiza el derecho de audiencia, la posibilidad de ofrecer pruebas y la obligación de contar con una resolución fundada y motivada.
La ministra ponente, Loretta Ortiz Ahlf, argumentó que esta medida es administrativa y preventiva, no un castigo penal, y no declara culpables ni sustituye las actuaciones del Ministerio Público. Además, destacó que permite a las autoridades actuar oportunamente ante la posible comisión de un delito, cumpliendo así con los compromisos internacionales de México en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.
Posturas en contra y advertencias sobre seguridad jurídica
En contraste, la ministra Yasmín Esquivel Mossa y los ministros Giovanni Azael Figueroa Mejía y Arístides Rodrigo Guerrero García votaron en contra, advirtiendo sobre riesgos para la seguridad jurídica. Esquivel señaló que no se debe sacrificar este principio por la utilidad del combate financiero, criticando que la norma fue redactada de forma deficiente. Figueroa añadió que la medida se asocia directamente con la investigación penal, por lo que no puede considerarse meramente administrativa.
Legisladores de oposición habían impugnado previamente la reforma al artículo 116 Bis 2, argumentando que vulnera el principio de presunción de inocencia, el debido proceso y la seguridad jurídica, al invadir facultades del Ministerio Público.
Caso relacionado y contexto adicional
En otro proyecto, la ministra Lenia Batres negó un amparo a la empresa Fresh Packing Corporation, presunta propiedad de Vicente Zambada Zazueta, por estar en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF al recibir depósitos no justificados. Paralelamente, se reportó la detención de Remigio Valdez Lao, alias Milo, presunto coordinador de un grupo delictivo, en Benito Juárez, Quintana Roo, con una orden de extradición a Estados Unidos por tráfico de personas y delincuencia organizada.
Esta decisión de la SCJN refuerza las herramientas del Estado mexicano para combatir crímenes financieros, aunque genera debate sobre el equilibrio entre eficacia y protección de derechos ciudadanos.
