El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mantuvo una agenda normal en su estado pese a las graves acusaciones en su contra por parte del Gobierno de Estados Unidos, que lo vincula con el crimen organizado. Las imputaciones, presentadas el 1 de mayo por el Departamento de Justicia estadounidense, escalaron un conflicto que trasciende lo judicial para instalarse en los terrenos político y diplomático.
Acusaciones y reacciones
Rocha Moya, quien asumió el cargo en 2021 tras unas elecciones marcadas por denuncias de secuestros de opositores por parte del crimen organizado, fue resguardado el 30 de abril por militares mexicanos ante amenazas de Estados Unidos. A pesar de la tensión, el mandatario intentó mantener una apariencia de normalidad encabezando actos por el Día del Niño, mientras la oposición exigía su renuncia.
El Departamento de Justicia imputó a Rocha Moya y a otros funcionarios, incluido el senador morenista Enrique Inzunza, por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según la acusación, Rocha Moya habría recibido apoyo del grupo durante la elección de 2021, incluyendo intimidación a opositores, secuestros y manipulación del voto, a cambio de permitir la operación del crimen organizado en el estado. Además, se le señala por posesión de armas y conspiración para traficar drogas hacia Estados Unidos y facilitar redes criminales desde el poder público.
Reacción del Gobierno mexicano
El caso provocó una reacción inmediata del Gobierno mexicano. En su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por Washington y advirtió que, sin evidencia clara, las acusaciones podrían tener motivaciones políticas. Sheinbaum aseguró que la Fiscalía General de la República revisará el expediente, pero subrayó que no se permitirá injerencia extranjera ni extradiciones sin sustento legal. “Es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, aseveró la mandataria federal. “Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o la injerencia de un Gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.
Apoyo de Morena y advertencia de EE.UU.
En paralelo, Morena cerró filas en torno al gobernador. Dirigentes y legisladores del partido han insistido en que las acusaciones deben probarse y han denunciado una posible instrumentalización del caso por parte de Estados Unidos. Sin embargo, el tono desde Washington ha ido en aumento. La cuenta oficial del House Foreign Affairs Committee Majority tuiteó el 30 de abril una advertencia contra el mandatario sinaloense: “Los días de impunidad para los narcoterroristas han terminado. Desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya, si estás implicado en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, te haremos rendir cuentas. Esto es solo el comienzo”.
Perspectivas de la crisis
El caso Rocha Moya se perfila como la mayor crisis sexenal para Morena y la administración de Sheinbaum, que se encuentra en una encrucijada: o investiga y se deslinda, o decide resistir y esperar que se diluyan las acusaciones contra el gobernador. La situación sigue evolucionando, con implicaciones tanto para la política interna mexicana como para las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
