El caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, apenas comienza. Estados Unidos solicitó su detención provisional con fines de extradición, pero sin presentar pruebas contundentes. En esta primera etapa, el fuero constitucional, que solo el Senado puede retirar, y los vacíos legales favorecen al mandatario morenista.
El fuero como escudo
De acuerdo con expertos en derecho internacional, el proceso de extradición se encuentra en su fase inicial. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmaron que la solicitud estadounidense carece de elementos probatorios. Sin embargo, el Senado, dominado por Morena, tiene la última palabra para retirar el fuero a Rocha Moya.
Moisés Montiel Mogollón, profesor de Derecho Internacional en el CIDE, explicó que la extradición no es un proceso penal, sino administrativo. Esto implica que los estándares de prueba son diferentes. La solicitud de detención provisional solo requiere que el país requirente exprese el delito imputado, sin necesidad de presentar pruebas detalladas.
Tres fases del proceso
Montiel detalló que las extradiciones constan de tres fases: administrativa, judicial y nuevamente administrativa. En el caso de Rocha Moya, apenas se está en la primera. El artículo 11 del Tratado Bilateral de Extradición entre México y Estados Unidos permite la detención provisional en casos de urgencia, con la promesa de formalizar la solicitud en un plazo de 60 días.
La SRE indicó que los documentos enviados por la Embajada de Estados Unidos no incluían pruebas suficientes para determinar responsabilidad. No obstante, el caso fue turnado a la FGR para su análisis legal. El vocero de la FGR, Ulises Lara, reiteró la falta de evidencias contundentes.
Diferencias entre materia penal y administrativa
Montiel subrayó que, al tratarse de un procedimiento administrativo, no aplican las mismas exigencias probatorias que en un proceso penal. La petición de detención provisional solo necesita la expresión del delito y la promesa de formalizar la extradición. En cambio, la solicitud formal de extradición, regulada en el artículo 10 del tratado, sí requiere una relatoría de hechos y documentos como la orden de aprehensión.
El especialista añadió que la acusación pública de Estados Unidos no viola la confidencialidad, ya que no existe obligación de secreto en la cooperación penal internacional. La divulgación busca evitar la fuga de los implicados.
El papel del Senado
Si la FGR no solicita el desafuero de Rocha Moya antes de proceder, la defensa podría argumentar violación de su inmunidad constitucional. El Senado, controlado por Morena, tiene la facultad de retirar el fuero mediante un acto político, sin responsabilidad jurídica si lo rechaza. El presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, llamó a no anticipar conclusiones.
Montiel descartó que Estados Unidos pueda intervenir militarmente en México para capturar a Rocha Moya, incluso con la declaración de terroristas contra los cárteles. Cualquier acción unilateral sería una violación del derecho internacional y podría constituir un acto de agresión.
