La comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante el Senado no es obligatoria ni tiene consecuencias legales en caso de incumplimiento, según la especialista Melisa Ayala García, cofundadora y socia de Arcana Legal. La abogada explicó que el llamado carece de sustento jurídico para forzar su asistencia y que, en términos legales, se trata únicamente de una invitación.
Invitación sin fuerza legal
Maru Campos y el fiscal estatal, César Jáuregui, fueron invitados a comparecer en el Senado para rendir cuentas sobre la presunta presencia de agentes de la CIA en operativos de seguridad en Chihuahua. “El congreso no tiene la facultad para obligar a un gobernador o una gobernadora a que rinda un informe. La forma en la que se le está citando es una solicitación”, explicó Ayala García en entrevista. En ese sentido, subrayó que la decisión de acudir es voluntaria: “entonces en caso de no comparecer no procedería a ninguna sanción”. La especialista insistió en que no existe un mecanismo que permita al Senado exigir la presencia de un mandatario estatal: “de todas formas me parece que el Congreso Federal no tiene las facultades para obligarla a que actúe”.
El límite del federalismo
Para Ayala García, esta situación responde a la estructura del país. “Creo que a veces se nos olvida que vivimos en una federación y las implicaciones de la federación, que son que cada estado y cada gobierno tiene la facultad de realizar ciertas acciones”, explicó. Bajo este esquema, aun cuando el tema involucra seguridad nacional, las competencias no se trasladan automáticamente al Senado en términos de control directo sobre una gobernadora. En paralelo, la abogada remarcó que el fondo del caso sí toca una atribución federal: “en materia de seguridad nacional, la constitución señala que es exclusiva del área federal”, y añadió que la intervención local solo puede darse en coordinación: “las autoridades locales pueden apoyar al ejecutivo federal; sin embargo, es una cuestión de colaboración”. Sobre lo ocurrido, señaló la falta de comunicación como un punto crítico: “me parece que sí es una cuestión que se tuvo que haber informado en todo momento a la federación y es bastante problemático el hecho de que no se haya hecho”.
Documentación necesaria
Para determinar si existió una irregularidad en la presencia de agentes estadounidenses en la entidad, Ayala apuntó a documentos concretos: “Creo que sería fundamental contar con el documento mediante el cual la gobernadora de Chihuahua invitó a las personas de la CIA para que acudieran al estado y evidentemente debe de haber un documento”. También mencionó la necesidad de revisar el uso de recursos: “Sería necesario revisar si se hizo algún tipo de pago y no me refiero únicamente a un pago por la capacitación, sino también, por ejemplo, viáticos y, por supuesto, que todo eso tiene que estar documentado”. La especialista aclaró que no hay una única consecuencia posible, ya que en caso de comprobarse una violación, dependería del tipo de esta. Entre los escenarios, mencionó desde lo administrativo hasta lo migratorio: “toda persona que entra a territorio nacional tiene la obligación de decir, bajo protesta, la verdad, las razones por las cuales se está ingresando al territorio nacional; entonces, podría haber también una cuestión migratoria en contra de las personas que ingresaron”.
Decisión política
Si la gobernadora decide acudir, el espacio serviría para explicar su actuación: “creo que ahí tendría que explicar por qué actuó, según ella, de acuerdo al marco legal”. Sobre una posible defensa, Ayala planteó una condición directa: si ella puede comprobar que sí dio aviso a las autoridades federales, está a salvo. “Si no dio este aviso, no hay argumento que lo justifique. Si soy honesta, no lo veo”, refirió. Finalmente, la abogada ubicó el caso fuera de un terreno estrictamente legal: “creo que es un tema más político que jurídico, si te soy muy honesta”. Incluso advirtió un posible escenario: “creo que se podría iniciar un proceso de juicio político, tal vez. Esa sería como la cuestión más grave”. Aun así, consideró que el desenlace más probable no implica sanciones mayores, sino que el caso funcione como referencia para la relación entre autoridades estatales y federales, y algunas que otras administrativas.
