La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, emitió un posicionamiento público en sus redes sociales para alertar sobre las graves repercusiones económicas derivadas de la falta de certidumbre jurídica en México. En el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Campos vinculó la decisión de Estados Unidos de someter el tratado a revisiones anuales con la protección a gobernantes señalados por la justicia.
Impacto en inversiones y empleos
Campos advirtió que esta dinámica está provocando la pérdida de inversiones estratégicas. Como ejemplo concreto, mencionó el reciente anuncio de la armadora automotriz Toyota, que trasladará líneas de producción de su planta en Tijuana hacia Texas. "Están empezando a irse los empleos y el capital, poniendo en riesgo el futuro de miles de familias en México, especialmente en estados como Chihuahua, cuya economía está vinculada a la manufactura y a la exportación", puntualizó la mandataria.
Cuestionamiento a la FGR
La gobernadora también cuestionó la situación jurídica del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Reprochó a la Fiscalía General de la República (FGR) por no contar con los elementos ni el "parámetro probatorio" suficiente para proceder legalmente en contra del mandatario estatal, a pesar de los señalamientos de presuntos vínculos de autoridades locales con grupos delictivos. Afirmó que el capital extranjero se retira de las regiones donde las reglas y la aplicación de la ley no son claras o estables.
Llamado a la ciudadanía
Maru Campos exhortó al Gobierno Federal para garantizar que los funcionarios señalados rindan cuentas ante la justicia y se priorice el orden institucional. Concluyó con un llamado a la ciudadanía mexicana, y en particular a la del estado de Chihuahua, para mantener la atención sobre el caso, demandando transparencia sobre la situación del gobernador sinaloense y el impacto que la falta de certeza jurídica ejerce sobre la competitividad del país.
