Revelan Disparidad Salarial en el Instituto Nacional Electoral
Un exhaustivo análisis de las percepciones económicas dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) ha puesto al descubierto una significativa disparidad salarial. Veintiocho altos funcionarios del organismo electoral reciben actualmente salarios netos mensuales que superan los 133 mil 300 pesos que percibe la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Esta situación podría cambiar drásticamente con la eventual aprobación de la denominada reforma electoral plan B, la cual contempla reducciones de hasta el 25% en las percepciones de estos servidores públicos.
Detalle de las Percepciones y Posibles Recortes
Del total de treinta funcionarios identificados con salarios superiores al del Ejecutivo federal, solo dos se encuentran por debajo de ese monto: la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala y la coordinadora de Asuntos Internacionales, Marisa Arlene Cabral. El resto, incluyendo a diez consejeros electorales, el titular del Órgano Interno de Control (OIC), Víctor Hugo Carventes, la secretaria Ejecutiva Claudia Espino, y numerosos directores de áreas, enfrentarían ajustes a la baja.
Las cifras son elocuentes. En promedio, los consejeros del INE perciben alrededor de 180 mil pesos netos al mes. La secretaria Ejecutiva recibe 170 mil, el titular del OIC 167 mil, y los directores generales, como Alejandro Sosa del Registro Federal de Electores o Isaac David Ramírez de la Unidad de Fiscalización, obtienen aproximadamente 165 mil pesos mensuales. Algunas coordinaciones, como la del Secretariado a cargo de Rosa María Bárcena o Comunicación Social con Sergio Uzeta, bajan ligeramente a 136 mil pesos.
De materializarse la reforma sin que los afectados interpongan recursos legales como amparos, los recortes serían sustanciales. Por ejemplo, un consejero que gane 180 mil pesos podría ver reducido su ingreso en cerca de 47 mil pesos mensuales, lo que representa una merma del 25% de su salario neto actual.
Casos Particulares y Otras Prestaciones en la Mira
Un caso destacable es el de la consejera presidenta Guadalupe Taddei. Desde que asumió su cargo en abril de 2023, solicitó de manera voluntaria que se le descontara el excedente de su sueldo que superaba el de la Presidenta, destinando ese monto a la Tesorería de la Federación. Esta acción la sitúa entre los dos únicos funcionarios de alto rango del INE con percepciones inferiores a las de Sheinbaum.
La reforma electoral plan B no se limita a los salarios base. También pone en la mira otras prestaciones consideradas onerosas. El texto de la iniciativa es claro al prohibir que, con recursos públicos, se contraten seguros de vida, gastos médicos privados, pensiones privadas o regímenes especiales de retiro no previstos en la ley. Actualmente, el INE destina alrededor de 29.4 millones de pesos cada cuatrimestre, equivalentes a casi 120 millones de pesos anuales, solo en primas de seguros de vida para su personal, un gasto que quedaría suprimido.
La posible aplicación retroactiva de estas disposiciones es uno de los puntos más controvertidos, ya que podría afectar derechos ya adquiridos por los funcionarios, lo que probablemente derivará en una oleada de controversias y recursos jurídicos para defender sus percepciones actuales.
