El Congreso de Brasil aprobó este jueves una reducción de las penas por golpismo impuestas al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) y a cientos de sus seguidores, en un nuevo revés para el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Con una amplia mayoría, tanto el Senado (49 votos frente a 24) como la Cámara de Diputados (318 contra 144) desestimaron el veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a una ley que ya había sido aprobada en diciembre pasado con el apoyo de la ultraderecha y sectores del centro político.
Detalles de la ley aprobada
La norma impide la acumulación de penas por crímenes de naturaleza parecida y acelera la progresión hacia el estatus semiabierto. Según los expertos, el expresidente podrá salir del régimen cerrado en un plazo de entre dos y cuatro años, antes de lo anteriormente previsto. Esto ocurre a cinco meses de las elecciones que deben enfrentar al actual mandatario y al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente.
Reacciones en el debate
Durante el debate, el senador derechista Sérgio Moro afirmó que el veto del mandatario era "cruel" y que la reducción era una "cuestión de justicia", al considerar que el Supremo impuso condenas "absurdas" a personas "simples". Del otro lado, Gleisi Hoffmann, diputada del Partido de los Trabajadores y persona de confianza de Lula, afirmó que la medida "atentaba" contra la Constitución y la democracia, "minimizaba" la intentona golpista y permitía que esto sucediera nuevamente en un futuro.
Antecedentes del caso Bolsonaro
De acuerdo con la sentencia del Supremo, Bolsonaro lideró un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, para tratar de mantenerse en el poder. Ese intento culminó el 8 de enero de 2023 en el ataque a las sedes del Congreso, el Supremo y la Presidencia en Brasilia por parte de miles de seguidores del expresidente, muchos de los cuales también fueron condenados. Tras la sentencia, Bolsonaro cumplió unos 120 días de reclusión, pero desde el pasado 27 de marzo el juez le autorizó a pasar al régimen de prisión domiciliaria de forma temporal, mientras se trata de sus problemas de salud.
Impacto político
Este es el segundo golpe político que el Congreso propina al Gobierno esta semana, después de que la víspera los senadores rechazaran al candidato de Lula al Supremo, la primera vez en más de un siglo que el nombramiento presidencial de un magistrado no es aprobado. La debilidad del Gobierno progresista en un Parlamento dominado por la derecha se ha agravado recientemente, ante la proximidad de una campaña intensa y de resultado incierto, con dos candidatos que las últimas encuestas sitúan en empate técnico.
