El Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE) ha señalado que la propuesta de reforma judicial presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum es insuficiente para corregir los problemas estructurales del modelo de elección de jueces, magistrados y ministros. En un comunicado, el organismo advirtió que aplazar la elección judicial de 2027 a 2028 no resuelve los riesgos de integridad electoral ni las deficiencias de fondo de la reforma.
Medida cosmética
El OPINE indicó que, si bien es pertinente reconocer la inconveniencia de realizar elecciones concurrentes en 2027, modificar únicamente la fecha del proceso representa “una medida cosmética” que no garantiza mejores condiciones de organización, independencia ni legitimidad para futuros comicios judiciales. “El aplazamiento no resuelve el problema estructural del sistema de justicia”, sostuvo el observatorio tras analizar los anuncios de la mandataria federal durante su conferencia matutina.
Propuesta de Sheinbaum
La presidenta Sheinbaum propuso aplazar la elección judicial para generar un ahorro presupuestal de 2 mil millones de pesos. Sin embargo, el OPINE subrayó que cualquier reforma de esta magnitud debe construirse bajo principios de certeza, independencia, imparcialidad y legalidad. Explicó que la certeza exige reglas claras y previsibles; la independencia requiere instituciones libres de presiones políticas; la imparcialidad demanda condiciones equitativas entre candidaturas; y la legalidad obliga a que las modificaciones sean discutidas mediante procedimientos abiertos y técnicamente sustentados.
Riesgos de aprobación acelerada
Asimismo, el observatorio advirtió que una reforma de esta naturaleza no debe aprobarse fast track ni mediante procesos legislativos atropellados, ya que la experiencia reciente ha demostrado que los errores de diseño y vacíos normativos suelen aparecer durante la implementación. El OPINE, integrado por México Evalúa, Laboratorio Electoral, Práctica: Laboratorio para la Democracia y DiSentir, anunció que dará seguimiento al trabajo legislativo y elaborará análisis sobre los riesgos institucionales y patrones de aprobación acelerada en las recientes reformas electorales.
