PAN denuncia persecución política contra exgobernador de Tamaulipas
La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) manifestó su respaldo total a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exmandatario de Tamaulipas que enfrenta diversos procesos penales, tras el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que revocó el amparo que lo protegía.
Comunicado oficial del partido
A través de un comunicado oficial, el PAN liderado por Jorge Romero Herrera argumentó que el caso en cuestión ya había sido previamente juzgado y resuelto. Además, señalaron que otras dos personas inicialmente implicadas en el mismo asunto fueron absueltas, por lo que consideran que la reactivación del proceso carece completamente de fundamento jurídico.
"Es evidente que estamos frente a una persecución política como represalia directa por haber denunciado el llamado huachicol fiscal y haber presentado información y pruebas contundentes ante el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador", afirmó el partido en su pronunciamiento.
Patrón de actuación institucional
El PAN fue más allá en sus acusaciones, afirmando que este caso forma parte de un patrón de actuación que confirma el uso faccioso de las instituciones del Estado para castigar a quienes incomodan al poder establecido.
"Este patrón de actuación confirma el uso faccioso de las instituciones para castigar a quienes incomodan al poder. Usar el aparato de Estado para intimidar, desacreditar y perseguir opositores políticos constituye una grave amenaza a la democracia en nuestro país", subrayó el partido blanquiazul.
Decisión unánime de la SCJN
El pasado martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó de manera unánime, aunque con votos concurrentes que precisaban aspectos técnicos, para revocar el amparo que beneficiaba a García Cabeza de Vaca. Esta decisión judicial abrió la puerta para que continúen los procesos penales en su contra.
El exgobernador de Tamaulipas, quien actualmente se encuentra fuera del país, ha criticado abiertamente este fallo judicial, mientras que el PAN ha redoblado su defensa política del militante, insistiendo en que se trata de una maniobra de carácter político más que jurídico.
