Al menos 400 empleados administrativos de los consulados de México en Estados Unidos se enfrentan al fin de sus visas tipo A-2 sin posibilidad de renovación automática. Esta situación obliga a estos trabajadores y a sus familias dependientes a abandonar el territorio estadounidense o permanecer en él sin estatus legal, lo que los convierte en indocumentados. La medida responde a la aplicación estricta del límite de permanencia de cinco años establecido en una normativa del Departamento de Estado de 2016.
Origen de la restricción de cinco años
Los funcionarios que tramitan documentos y procesos en las representaciones diplomáticas mexicanas operan bajo visas A-2. En el año 2016, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un memorándum que determinó explícitamente que estas visas tienen una vigencia máxima de cinco años y carecen de renovación automática. El documento oficial establece que "se espera que el personal contratado que no sea ciudadano estadounidense ni residente permanente legal ocupe su puesto por un periodo no superior a cinco años".
Además de limitar la estancia laboral, la normativa también afecta a los integrantes del núcleo familiar. El memorando señala que "cuando el titular finalice su periodo de servicio, también se dará por terminada la relación laboral de los familiares que trabajen en la misión". Esta disposición aplica para todos los empleados consulares que no cuenten con residencia legal permanente en Estados Unidos.
Fin de la prórroga extraordinaria
La urgencia actual surge porque estaba por vencer una solución temporal previa. En junio de 2021, el entonces canciller mexicano Marcelo Ebrard negoció y alcanzó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para renovar de manera extraordinaria las visas de 500 empleados consulares. Sin embargo, esta extensión especial está por expirar a partir de este mes, dejando sin cobertura legal a la mayoría del personal administrativo restante.
Aunque el acuerdo inicial cubría a 500 personas, la realidad operativa en los 53 consulados de México en Estados Unidos indica que al menos 400 empleados administrativos son los principales afectados por el retorno a la regla general de los cinco años. La diferencia numérica sugiere que algunos puestos podrían estar ocupados por ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, quienes no están sujetos a esta restricción de visa A-2.
Respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores
Frente a esta problemática, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha iniciado un proceso de análisis para gestionar la situación. Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, declaró al diario El País que se trata de una situación compleja. Reconoció que en los últimos años se lograron varias extensiones temporales gracias a negociaciones diplomáticas, pero admitió que algunos empleados deberán regresar a México.
La estrategia actual de la SRE implica analizar opciones para reubicar a estos funcionarios dentro de la administración pública mexicana. No obstante, el regreso no es sencillo debido a la estructura familiar de muchos de estos trabajadores. Una parte significativa de los empleados consulares tiene hijos nacidos en Estados Unidos o pertenecen a familias con condiciones migratorias mixtas, donde algunos miembros son residentes o incluso ciudadanos estadounidenses.
La conclusión inmediata es que, ante el vencimiento de las visas, los empleados sin residencia permanente deben planificar su salida del país. Aquellos que decidan quedarse lo harán sin protección migratoria, mientras que la función consular deberá adaptarse a la reducción de su plantilla administrativa disponible en territorio estadounidense.
