Israel reabre registro de tierras en Cisjordania tras 57 años, impulsando colonización
Israel reabre registro de tierras en Cisjordania tras 57 años

Gobierno israelí reabre registro de tierras en Cisjordania tras 57 años de suspensión

El gobierno ultranacionalista israelí aprobó este domingo reabrir el proceso de registro de tierras en Cisjordania ocupada por primera vez desde 1967, una medida que permitirá al Estado judío registrar de forma vinculante y definitiva terreno de este territorio palestino e impulsar la colonización, en lo que organizaciones internacionales califican como clara violación del derecho internacional al tratarse de un territorio ocupado.

"La Tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel"

"La propuesta aprobada constituye una verdadera revolución en Judea y Samaria (nombre bíblico con el que los nacionalistas israelíes se refieren a Cisjordania). La Tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel. El Gobierno de Israel se compromete a fortalecer su control sobre todas sus partes", aseguró el titular de Justicia, Yaariv Levin, tras la aprobación de la medida.

El Ministerio de Justicia especificó en un comunicado que el proceso se aplicará en el Área C de Cisjordania, siendo esta la zona bajo dominio administrativo y militar israelí que abarca aproximadamente el 60% del total del enclave palestino.

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División territorial de los Acuerdos de Oslo

La división por zonas, establecida en los Acuerdos de Oslo de la década de 1990, estipula además:

  • Área A: Bajo control administrativo y militar palestino (18% del territorio)
  • Área B: De administración palestina y control de seguridad israelí (22% del territorio)
  • Área C: Bajo control administrativo y militar israelí (60% del territorio)

"Restaurando el orden y la gobernanza"

"Continuamos con la revolución de los asentamientos y la apropiación de tierras en todo nuestro país. Por primera vez desde la Guerra de los Seis Días, estamos restaurando el orden y la gobernanza en la gestión de las tierras de Judea y Samaria", declaró el ministro de Finanzas, el colono Bezalel Smotrich, según el comunicado oficial.

Israel ocupó Cisjordania durante la Guerra de los Seis Días de 1967. A raíz de ello, el fiscal general militar israelí en el momento emitió una orden para suspender de inmediato estos procesos de titularidad en dicho territorio palestino, ya que estos contravienen el derecho internacional al ser Israel una potencia ocupante.

Justificación de seguridad nacional

Israel Katz, titular de Defensa, reivindicó la medida como un movimiento "de seguridad y jurídico esencial, diseñado para asegurar control, su aplicación y la total libertad de acción del Estado de Israel en el territorio".

Además, la medida "permitirá al Ejército y el estamento de defensa actuar con determinación" en estas áreas de Cisjordania con tal de "salvaguardar los intereses nacionales" de Israel, agregó, en alusión a una acción de represión más rápida mediante redadas en poblaciones palestinas.

ONG israelíes advierten sobre "despojo masivo"

La ONG israelí Yesh Din explicó que la medida "son actos propios de una soberanía permanente, ya que crean y determinan derechos absolutos a perpetuidad. Por lo tanto, un régimen de ocupación, que es temporal por definición, debe abstenerse de realizar actos que caracterizan a un régimen permanente".

Peace Now, ONG pacifista israelí, apunta que la medida puede generar un "despojo masivo" para los palestinos de sus tierras en el Área C, además de un proceso de anexión y aplicación de la soberanía israelí en estos territorios ocupados.

Además, que estas tierras pasen a estar registradas como terreno estatal de Israel o bajo nombres de ciudadanos israelíes "llevará a complicaciones legales y costes inmensos cuando se llegue a un hipotético acuerdo político de dos Estados", añadió la organización.

Autoridad Palestina denuncia "anexión de facto"

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) calificó este domingo como "anexión de facto" la aprobación por parte del Gobierno de Israel para reabrir el proceso de registro de tierras en Cisjordania ocupada por primera vez desde 1967.

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"Constituye una anexión de facto del territorio palestino ocupado y una declaración del inicio de los planes para anexar territorio palestino con el objetivo de consolidar la ocupación mediante la construcción de asentamientos ilegales", esgrimió la presidencia de la ANP, a cargo de Mahmud Abás, en un comunicado oficial.

En la nota, además, la definen como una "violación del derecho internacional", en concreto de la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU que considera ilegal toda actividad de asentamiento en el territorio palestino ocupado, y una "amenaza a la estabilidad y seguridad" en Cisjordania.

Llamado a la comunidad internacional

La presidencia palestina instó también a la comunidad internacional, en particular al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y al gobierno estadounidense, a intervenir de inmediato para "obligar a Israel a cumplir con el derecho internacional y las resoluciones de la ONU".

"Estas medidas unilaterales no otorgarán legitimidad alguna a la ocupación en el territorio del Estado de Palestina ni cambiarán el hecho jurídico e histórico de que Cisjordania, incluidas Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, es territorio palestino ocupado según el derecho internacional", concluyó el comunicado de la ANP.

Hamás condena la medida israelí

El grupo islamista palestino Hamás también reaccionó a la medida del Gobierno de Israel con una condena enérgica en la misma línea que la ANP: apelando al derecho internacional e interpelando a Naciones Unidas a tomar cartas en el asunto.

"La decisión del gobierno de ocupación sionista de aprobar hoy una resolución que le permite apropiarse las tierras de la Cisjordania ocupada y judaizarlas, registrándolas como 'tierras estatales', es una decisión nula emitida por una autoridad de ocupación ilegítima y un intento de imponer por la fuerza prácticas colonialistas", expresó Hamás en su comunicado oficial.

Esta medida representa un punto de inflexión en la política israelí hacia los territorios ocupados y podría tener consecuencias significativas para cualquier futuro proceso de paz en la región, según analistas internacionales.