El Gobierno de Perú ha declarado formalmente que no tiene contemplado ingresar por la fuerza a la Embajada de México en Lima para detener a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien actualmente se encuentra asilada por el gobierno mexicano y fue condenada por su participación en el fallido intento de golpe de Estado ocurrido en 2022.
Postura firme del gobierno peruano
El canciller peruano, Hugo De Zela, dejó completamente claro en declaraciones a la prensa que el Ejecutivo no tiene previsto irrumpir en la residencia de la Embajada de México en Lima para capturar a la ex primera ministra Betssy Chávez. La funcionaria permanece asilada tras haber sido condenada a más de 11 años de prisión por su papel en el intento de golpe de Estado encabezado por el entonces presidente Pedro Castillo.
De Zela reiteró enfáticamente que esta posibilidad ni siquiera está sobre la mesa y subrayó que la postura del Gobierno peruano se ha mantenido firme y consistente desde el momento en que México otorgó el asilo diplomático a Chávez. El ministro remarcó específicamente que Perú no seguirá el camino tomado por Ecuador en 2024, cuando fuerzas de seguridad de ese país ingresaron a la Embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas.
Protección diplomática y ruptura de relaciones
Desde hace dos semanas, y tras el quiebre total de relaciones diplomáticas con México, el Gobierno peruano aceptó que Brasil asuma la protección de las sedes diplomáticas mexicanas en Lima. Esta medida se implementa mientras se mantiene activo el conflicto por el asilo concedido a la exfuncionaria peruana.
El canciller De Zela explicó que el tema ha sido llevado al ámbito regional durante una visita reciente a Washington. En la capital estadounidense, sostuvo conversaciones con representantes de distintos países ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para analizar el procedimiento de asilo a la luz de la Convención de Caracas de 1954, que regula esta figura diplomática.
Controversia sobre la naturaleza del asilo
El Ejecutivo peruano sostiene firmemente que el asilo otorgado por México desvirtúa el espíritu de la convención internacional, argumentando que Betssy Chávez fue procesada y condenada por un delito común. Sin embargo, el tratado establece claramente que corresponde al Estado que concede el asilo determinar si se trata de persecución política, punto que constituye el núcleo central de la controversia actual entre ambas naciones.
Chávez fue sentenciada específicamente a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión. Esta condena se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia de Perú determinara que tuvo participación y complicidad en el mensaje emitido por Pedro Castillo el 5 de diciembre de 2022, cuando anunció el cierre del Congreso y la intervención del Poder Judicial.
Contexto histórico del conflicto
El intento de Castillo por evitar su destitución no prosperó, y ese mismo día fue detenido cuando, según las investigaciones oficiales, se dirigía precisamente a la Embajada de México. Horas después de su captura, la familia del expresidente recibió asilo político en la sede diplomática mexicana, marcando el inicio de un conflicto diplomático que sigue completamente abierto entre ambos países latinoamericanos.
La situación actual refleja las tensiones diplomáticas persistentes en la región, donde el derecho de asilo se ha convertido en un punto de fricción entre gobiernos con diferentes interpretaciones de los tratados internacionales y las circunstancias políticas específicas de cada caso.
