Morena busca reforma constitucional para posponer elecciones judiciales y mejorar selección de aspirantes
El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó este martes una iniciativa constitucional que busca posponer las elecciones judiciales programadas para 2027 y trasladarlas al año 2028, separándolas así de los comicios legislativos que se realizarán el próximo año.
Cambios profundos en el sistema judicial
La propuesta legislativa, firmada por destacados diputados y senadores morenistas, contempla modificaciones sustanciales en el proceso de selección de aspirantes a jueces, magistrados y ministros. Entre los cambios más relevantes se encuentran:
- Recuperación del peso que tenía la carrera judicial antes de 2024
- Transferencia al INE de la atribución de convocar y organizar el proceso electivo, función que actualmente ejerce el Senado
- Establecimiento de certificación obligatoria de competencias judiciales
- Implementación de restricciones para despolitizar el proceso de selección
- Actualización del sistema de vacantes y suplencias
- Armonización del esquema federal con todas las entidades federativas
Modificaciones constitucionales propuestas
La iniciativa plantea la modificación de 10 artículos de la Constitución Política (76, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 116 y 122) que regulan la estructura y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los procedimientos para definir las presidencias en el Tribunal Electoral, el Tribunal de Disciplina y el Órgano de Administración Judicial.
Entre los firmantes de la iniciativa se encuentran el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar, las diputadas Olga Sánchez Cordero y Mariana Benítez Tiburcio, el diputado Alfredo Vázquez, y los senadores Javier Corral y Susana Harp.
Problemas identificados en el sistema actual
En la justificación de motivos, los legisladores morenistas exponen que la implementación del nuevo modelo de definición de juzgadores en 2025 "evidenció áreas de oportunidad" que requieren atención inmediata. Reconocen específicamente desafíos en:
- Los procesos de evaluación y selección de aspirantes
- Los tiempos de organización electoral
- La capacidad de los mecanismos de revisión ante volúmenes extraordinarios de solicitudes
Los parlamentarios detallan que "los Comités de Evaluación de los tres Poderes de la Unión recibieron un volumen extraordinario de solicitudes", con 18,447 en el Poder Ejecutivo, 11,646 en el Legislativo y 3,814 en el Judicial, lo que tensionó significativamente los mecanismos de revisión y valoración.
Riesgos de la concurrencia electoral
Los proponentes advierten que "la eventual concurrencia de elecciones judiciales con procesos electorales de naturaleza política genera riesgos institucionales" considerables, entre los que destacan:
- Menor deliberación pública sobre perfiles técnicos
- Saturación informativa para el electorado
- Incremento del voto desinformado
- Politización de candidaturas judiciales
- Presión operativa y financiera sobre la autoridad electoral
Los legisladores enfatizan que "la elección de personas juzgadoras exige un entorno que privilegie la evaluación de méritos técnicos y preserve la percepción de imparcialidad del Poder Judicial", señalando que la simultaneidad con contiendas partidistas puede afectar la legitimidad del modelo.
Precedentes estatales y nueva fecha propuesta
La iniciativa toma como referencia experiencias estatales exitosas, destacando que Coahuila y Zacatecas han incorporado en sus constituciones locales requisitos adicionales como la acreditación de certificaciones de competencias técnicas para aspirantes a cargos judiciales, lo que representa "un precedente relevante para fortalecer la calidad técnica de la función jurisdiccional".
Atendiendo a este diagnóstico integral, los parlamentarios morenistas proponen específicamente que "la próxima elección judicial" se realice en junio de 2028, creando así un proceso electoral propio para la selección de personas juzgadoras que garantice mayor transparencia, especialización y despolitización.
