La visión centralizadora del obradorismo en México
El movimiento político conocido como obradorismo opera bajo una premisa fundamental: el Gobierno debe ser el principal actor en la mayoría de las actividades nacionales. Esta perspectiva abarca desde la provisión de servicios básicos hasta la generación de riqueza, asignando al aparato burocrático un papel central y preponderante. Esta misma lógica se extiende a los procesos electorales, donde se concibe al partido en el poder como el eje único alrededor del cual debe girar la vida política.
Un régimen de resignación activa
Desde su llegada al poder en 2018, Morena ha implementado una estrategia que algunos analistas describen como resignación activa. El partido ha trabajado sistemáticamente para desmontar instituciones y organismos que, según su visión, debilitaban el rol del Gobierno. Aunque frecuentemente se mencionan entidades reguladoras como las de energía o competencia económica, y sin duda los organismos de transparencia y acceso a la información, el ejemplo más claro de esta pulsión, casi obsesiva, se encuentra en el sector del abasto médico.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no vaciló en ordenar el desmantelamiento de un sistema imperfecto de distribución de medicamentos, sin considerar plenamente las consecuencias inmediatas. Siete años después, su sucesora Claudia Sheinbaum continúa enfrentando desafíos significativos para establecer un mecanismo funcional de compra y distribución de medicinas en el sector público. Es crucial destacar que el cambio sexenal no implicó una corrección de rumbo ni una revisión profunda del modelo.
La sustitución progresiva de los privados
Esta continuidad se explica porque ambos gobiernos obradoristas comparten un punto de partida idéntico: la convicción de que los actores privados no deberían participar en áreas consideradas estratégicas. En el sector farmacéutico, el objetivo gubernamental es sustituir gradualmente a los proveedores privados. Un ejemplo claro es la decisión del ISSSTE de recomprar hospitales que antes operaban bajo esquemas de Asociación Público-Privada (APP), pero esta no es la única manifestación de esta política.
El gobierno opera en dos frentes simultáneos. Por un lado, se realizan esfuerzos para solucionar la cobertura raquítica heredada de la administración anterior, pero estos esfuerzos no emplean todas las capacidades disponibles. Más bien, se ejecutan únicamente cuando simultáneamente permiten desplazar a los actores privados del sector.
El modelo CFE como aspiración
Las autoridades buscan reducir progresivamente los contratos con compañías que surten medicinas al sector público. Están dispuestas a tolerar temporalmente a parte de esa industria mientras construyen capacidades propias, aspirando a llevar ese mercado hacia un esquema similar al de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta empresa estatal tiene por ley garantizado el 54% de la generación eléctrica en exclusiva, pero en la lógica obradorista este porcentaje representa un piso mínimo, no un techo máximo.
Al igual que en el abasto médico, los proyectos que la CFE emprenda con privados tendrán el doble objetivo de satisfacer las necesidades energéticas inmediatas y futuras, mientras dotan al gobierno de más activos estratégicos. La meta final es depender menos de la Iniciativa Privada (IP), de modo que los contratos públicos tengan la vocación de dejar, años o lustros después, empresas funcionales al Estado que nacieron o operaron gracias al erario público.
La reforma electoral en el mismo patrón
La controvertida reforma electoral representa otro intento de aplicar esta misma lógica centralizadora. Si el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) -ejemplo paradigmático de negocio privado al amparo del erario- pensó que el obradorismo le permitiría ser un aliado a largo plazo, olvidó con quién se asociaba: un movimiento político con profundas nostalgias estatistas. El obradorismo asume que toda la actividad pública debe pasar por el Gobierno y su partido, relegando a actores privados, opositores e incluso aliados a roles marginales o inexistentes.
Queda abierto el debate sobre si, sin la participación de los privados, el gobierno será más o menos eficiente en la provisión de servicios esenciales. Lo que parece claro es que esta visión centralizadora continuará definiendo las políticas públicas en sectores clave durante los próximos años.
