Arizona enfrenta crisis de tráfico de armas hacia México
La fiscal general del estado de Arizona, Kris Mayes, ha admitido públicamente que enfrentan un "enorme" problema con la venta ilegal de armamento que termina en manos del crimen organizado en territorio mexicano. Esta declaración se produce en un contexto donde las autoridades federales y estatales intensifican sus esfuerzos para combatir este flujo ilícito.
Demanda mexicana y cargos por terrorismo
Desde 2022, el gobierno de México mantiene una demanda en Tucson contra cinco armerías de Arizona, acusándolas de vender armas sabiendo que estaban destinadas a grupos criminales mexicanos. Este caso ha tomado un giro dramático con la incorporación de cargos por "ayuda material al terrorismo", un agravante sin precedentes en este tipo de procesos.
Los dueños de una armería, Laurende Gray y su empleado Barrett Weinberger, inicialmente enfrentaban cargos por exportación ilegal de armas. Sin embargo, un gran jurado revisó el caso a finales de marzo bajo la nueva óptica de que los grupos receptores—el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Sinaloa—fueron designados como organizaciones terroristas en febrero de 2025.
Operativos y estadísticas alarmantes
La fiscalía de Arizona tiene otro caso significativo donde 20 acusados fueron arrestados en octubre pasado por conspirar para traficar 334 armas de fuego de distintos calibres hacia organizaciones de narcotráfico en México. Las autoridades anticipan que este grupo podría enfrentar pronto cargos por apoyo material al terrorismo.
Según datos de la Administración para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el 74% de las armas incautadas al crimen organizado en México provienen de los cuatro estados fronterizos estadounidenses. Más preocupante aún es que el 62% de todas esas armas se vendieron específicamente en negocios del estado de Arizona.
Regulaciones laxas en Arizona
La facilidad para adquirir armas en Arizona contrasta marcadamente con estados como California. En Arizona, las compras pueden realizarse en armerías establecidas o mediante transacciones entre particulares sin mayores requisitos regulatorios. Un arma puede comprarse nueva o de segunda mano y revenderse al día siguiente sin controles significativos.
En cambio, California requiere verificaciones federales y estatales que toman varios días, incluyendo revisiones de antecedentes criminales y evaluaciones de salud mental. Esta diferencia regulatoria explica en parte por qué Arizona se ha convertido en un punto crítico para el tráfico de armas hacia México.
Implicaciones para la seguridad bilateral
El reconocimiento público de la fiscal Mayes sobre este problema representa un paso significativo en la lucha contra el tráfico de armas. Sin embargo, la escalada de cargos a nivel de terrorismo indica que las autoridades estadounidenses están comenzando a tratar este flujo ilícito con la severidad que corresponde a su impacto en la seguridad regional.
La colaboración entre agencias como la ATF, el FBI y socios locales, estatales y federales continúa siendo crucial para realizar decomisos periódicos de armas en posesión ilegal. Estos esfuerzos conjuntos buscan cortar el suministro de armamento que alimenta la violencia de los cárteles mexicanos.
