Al menos cinco personas fallecieron y seis resultaron lesionadas, entre ellas tres menores de edad y una mujer, como saldo preliminar de los ataques armados registrados en diversas comunidades del municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero. Además, se reporta que mil 300 personas han sido desplazadas de manera forzada de sus lugares de origen.
Operativo de seguridad en la zona
Tras casi una semana de hostilidades, esta mañana se desplegó un operativo conjunto con decenas de patrullas de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército, así como un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, para ingresar a la zona de conflicto ubicada en el corredor Chilapa-José Joaquín de Herrera.
Al mediodía, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel Ledesma Osuna, y el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, iniciaron una reunión en la comunidad de Alcozacán con pobladores y familias desplazadas. Cabe señalar que el día anterior a Francisco Rodríguez no se le permitió el paso en un retén.
Intervención federal
La Secretaría de Gobernación federal informó, mediante el comunicado 055, que funcionarios encabezados por la titular, Rosa Icela Rodríguez, se trasladaron al municipio de Chilapa para atender a la población afectada y restablecer el orden. No obstante, hasta la tarde de este martes la funcionaria federal no había aparecido en la zona de violencia.
El subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, se comunicó con los líderes de ambos grupos en conflicto en la zona de Chilapa, a quienes les hizo ver la necesidad y urgencia de recuperar la paz en la región.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la violencia se deriva de dos grupos criminales que son Los Ardillos y Los Tlacos, aunque aclaró que hay población que no tiene nada que ver con estos grupos.
César Yáñez, según el comunicado, solicitó a los líderes de los grupos terminar las disputas y bloqueos de manera pacífica para que pudieran ingresar las Fuerzas Armadas a restablecer el orden, así como atender y retirar a las personas heridas en el lugar.
Desplazados y refugiados
En Alcozacán se refugiaron desde el sábado pasado al menos 800 pobladores de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, tras una serie de ataques con armas de alto calibre y bombas lanzadas desde drones. En total, la organización ha reportado el desplazamiento de mil 300 habitantes de las cuatro comunidades que pertenecen al Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
Al filo de la medianoche de ayer, el dirigente del CIPOG-EZ, Jesús Placido Galindo, informó que la mayoría de los desplazados refugiados en Alcozacán huyó a los cerros luego de que les fue cortada la luz eléctrica y de que permanecía el asedio de hombres armados afuera de la localidad.
También se ha reportado la ocupación por parte de civiles armados de Tula, Xicotlán y Acuahuhuetlán. En Xicotlán las autoridades hallaron dos viviendas y una camioneta quemadas.
Hallazgo de cuerpos
La madrugada de ayer los cuerpos con huellas de tortura de cuatro hombres fueron dejados en la carretera Chilapa-Atlixtac, cerca del crucero de la comunidad de Papaxtla. Dos de las víctimas fueron identificadas como Guadalupe Ahuejote Xantenco y Víctor Ahuejote Arribeño, vecinos de Xicotlán e integrantes del CIPOG-EZ. Junto a estos dos hombres fueron desaparecidos otros dos integrantes de la organización de los que no se conoce su paradero.
Otra víctima es Abraham Jiménez Chautla, quien falleció en los ataques armados de ayer lunes contra la población de Alcozacán. La mañana de este martes, tras el ingreso de autoridades federales y estatales a las comunidades desplazadas, se reportó el hallazgo de los cuerpos de dos hombres en Xicotlán. Uno de los cuerpos fue encontrado dentro de la comisaría municipal y afuera un segundo cadáver tirado boca abajo en la calle. Las víctimas presentaban lesiones por impactos de arma de fuego.
Heridos y atención médica
Por su parte, el IMSS-Bienestar ha reportado que son seis personas lesionadas por disparos de arma de fuego quienes reciben atención médica en distintos hospitales. Entre los heridos hay tres menores de edad y una mujer.
Denuncias de derechos humanos
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, a los recientes hechos de violencia se suma la larga lista de 76 asesinatos y 25 desaparecidos. Lo peor, agrega, es que varios niños han sido privados de la vida por los grupos de la delincuencia que quieren tener el control total de las comunidades y sus territorios.
Las autoridades estatales y federales han dejado que los grupos de la delincuencia se expandan y actúen con total impunidad. En cambio, a la población indígena la han relegado y discriminado, dejando que ellos solos afronten este poder impune. En lugar de protegerlos, los criminalizan y argumentan con falacias que se trata de enfrentamientos entre grupos delincuenciales, indica el organismo de derechos humanos.
Contexto electoral
Los conflictos armados en varias zonas del estado se dan en la antesala de la elección a gobernador que se realizará el próximo año. La reconfiguración política y criminal en la entidad ha comenzado.
