La Fiscalía General de California ha iniciado una investigación formal contra la FIFA por presuntas irregularidades en la venta de boletos para la Copa del Mundo 2026. El fiscal general Rob Bonta solicitó información al organismo rector del fútbol mundial para esclarecer por qué las categorías de asientos fueron modificadas después de que los aficionados completaran sus compras.
Denuncias de aficionados
Según las quejas, los seguidores adquirieron boletos basándose en mapas de estadios codificados por colores presentados en diciembre pasado. Sin embargo, al recibir sus asignaciones finales, los lugares correspondían a sectores de menor jerarquía. La situación se reportó en varios estadios, especialmente en Estados Unidos, donde se jugarán la mayoría de los partidos.
Discrepancia en categorías
Compradores de la Categoría 1, la más costosa, fueron ubicados en zonas que originalmente aparecían como Categoría 2. Bonta señaló que los consumidores deben tener la certeza de que el producto recibido coincida con lo prometido durante la transacción.
La FIFA ha argumentado que los mapas eran solo indicativos y servían como guía general, no como un plano definitivo. Tras las críticas, el organismo lanzó nuevas categorías a mayor costo para ofrecer boletos en la parte baja central de algunos estadios, lo que generó mayor molestia entre los aficionados, quienes acusaron a la FIFA de esconder boletos para obtener un mayor beneficio económico.
Precios exorbitantes
La investigación se suma al rechazo generalizado por el incremento sin precedentes en los costos de las entradas. Football Supporters Europe calificó la estructura de precios como una traición monumental. En Qatar 2022, el boleto más caro para la final rondaba los 1,600 dólares, mientras que para 2026, con sedes en Estados Unidos, México y Canadá, el precio máximo alcanza los 32,970 dólares.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió las cifras argumentando que son acordes al mercado estadounidense. La fiscalía californiana espera los registros detallados de los cambios en los mapas de asientos para determinar si existió una práctica engañosa hacia los consumidores.
