Chiapas impulsa transferencia de armamento militar a policías estatales
La Cámara de Diputados federal inició el análisis de una propuesta del gobierno de Chiapas que busca reducir la intervención militar en operativos de alto poder de fuego y dotar de este armamento a las policías estatales. Esta iniciativa llega en medio de un vacío legal en la armonización de la reforma constitucional de seguridad pública de 2021.
Reinterpretación del régimen de armamento reservado
La propuesta chiapaneca, aunque no aborda la regulación de elementos que operan dentro de los cuerpos de seguridad pública, es enfática en solicitar una reinterpretación funcional del régimen de armamento reservado. El objetivo es mantener intactos los principios constitucionales que reconocen el carácter civil de las instituciones de seguridad pública, mientras se reserva a la Fuerza Armada Permanente funciones vinculadas a seguridad nacional, interior y defensa exterior.
La iniciativa atribuye a la Secretaría de la Defensa Nacional el control absoluto sobre permisos, licencias, cancelaciones, resguardos y donaciones del armamento autorizado, estableciendo un marco regulatorio estricto para esta transferencia de capacidades.
Legisladores chiapanecos presentan iniciativa en San Lázaro
A la presentación de esta iniciativa en la Cámara de Diputados federal acudieron legisladores locales de todos los partidos representados en el Congreso de Chiapas. Entre ellos destacaron:
- Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas
- María Reyes Diego Gómez y Karen Ruiz Coutiño, vicepresidentas
- José Ángel del Valle Molina y Juan Marco Trinidad Palomares, secretarios de la Mesa Directiva
Estos legisladores son iniciantes de las reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, aprobadas la semana pasada en Chiapas y con entrada en vigor programada para enero de 2027.
Sustento y capacitación para el uso responsable
Alejandra Gómez Mendoza expuso que la iniciativa está suficientemente sustentada para los permisos de portación de armas de alto poder de fuego. "Consideramos que está suficientemente sustentada, no solamente es dotar de armas, sino también es de capacitar y que las personas que la usen sean conscientes que esto va a ser en uso exclusivo para la defensa de la población", declaró la diputada.
Los diputados chiapanecos fueron recibidos por el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ricardo Monreal, quien destacó que la iniciativa abre un gran debate para la seguridad pública en todo el país.
Cerrar la brecha operativa contra el crimen organizado
Monreal señaló que el propósito central de esta iniciativa es cerrar la brecha operativa existente entre las capacidades reales de las corporaciones estatales de seguridad pública y el nivel de riesgo que enfrenta un territorio con presencia significativa del crimen organizado.
"Lo que se intenta es modificar la ley para permitirles a las policías estatales el uso de armas que ahora son exclusivas del Ejército y que las policías estatales no pueden portar, está prohibido portarlas. Es muy complicado que puedan las policías estatales enfrentar esta capacidad de fuego, que dispone ilegalmente el crimen organizado", explicó el legislador.
Monreal Ávila señaló que si bien es un tema delicado que no se ha querido explorar, ni menos aprobar, hoy existe una gran oportunidad que surge del Congreso libre de Chiapas.
Resultados de la estrategia de seguridad en Chiapas
El legislador Guillén Guillen destacó que desde 2025, dentro de las prioridades del gobierno de Chiapas, fue dotar de mayores recursos a las instancias de seguridad pública. "Se creó una fuerza especial, el grupo de reacción inmediata PAKAL, que nos dio muy buenos resultados y nos sigue dando muy buenos resultados", afirmó.
Guillen añadió: "Los indicadores, lo pueden constatar en las mediciones que se hacen en cuanto a los índices de alto impacto, Chiapas está dentro de los primeros lugares en haber reducido estos indicadores. Segundo, en cuanto a la capacitación, que es muy importante, ya se inició con una universidad de seguridad pública para profesionalizar a nuestros policías".
Sin embargo, es importante mencionar que la Fuerza PAKAL ha estado también vinculada con abusos de poder y otros delitos, lo que subraya la necesidad de mecanismos de supervisión y control en cualquier transferencia de capacidades militares.
Mejora en percepción de seguridad
Pese a que existen aún lagunas legales por solventar, los diputados enfatizaron que Chiapas hoy vive una realidad en percepción de seguridad que ha aumentado significativamente.
"Teníamos ciudades, como Tapachula y la capital, Tuxtla Gutiérrez, como una de las ciudades que estaban dentro de los lugares más altos en inseguridad y hoy estamos cada día mejorando en ese tipo de percepción", afirmó uno de los legisladores presentes.
La iniciativa de Chiapas representa un punto de inflexión en el debate nacional sobre el equilibrio entre capacidades militares y policiales, especialmente en regiones con alta presencia del crimen organizado. Su análisis en la Cámara de Diputados promete generar discusiones profundas sobre el futuro modelo de seguridad pública en México.
