FGR Restituye Propiedades a Sandra Ávila Beltrán Tras Prolongado Litigio
En un giro legal significativo, la Fiscalía General de la República (FGR), bajo el liderazgo de la fiscal Ernestina Godoy Ramos, ha procedido a la devolución de tres inmuebles a Sandra Ávila Beltrán, conocida coloquialmente como "la Reina del Pacífico". Este acto se materializó mediante la presentación de documentos ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, cancelando oficialmente el aseguramiento de las propiedades ubicadas en la colonia San Nicolás Totolapan, alcaldía Magdalena Contreras.
Detalles del Caso y Antecedentes Legales
Los inmuebles, identificados con los números 5, 6 y 35 del condominio Puente Cuadritos 18, habían sido asegurados en 2003 como parte de la averiguación 966/MPFEADS/2002, iniciada contra Ávila Beltrán por presuntos delitos contra la salud. La decisión de devolución se deriva de un amparo promovido por la acusada, quien argumentó la omisión de la FGR en cumplir con una diligencia de entrega decretada desde el 17 de junio de 2014.
En julio de 2025, Ávila Beltrán recurrió al mismo juzgado, presidido por la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros, alegando la falta de acción por parte de las autoridades. Inicialmente, la jueza determinó sobreseer el caso, basándose en informes que indicaban esfuerzos para cumplir con la resolución de 2014. Sin embargo, insatisfecha con este fallo, Ávila Beltrán presentó un recurso de revisión.
Resolución Judicial y Contexto Histórico
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito revocó la resolución de la jueza Sánchez Cisneros, ordenando la reposición del procedimiento en el juicio de amparo. Este desarrollo legal culminó en la cancelación del aseguramiento de los inmuebles, marcando una victoria para la llamada Reina del Pacífico, quien ha estado vinculada al Cártel de Sinaloa.
El historial de Ávila Beltrán incluye una absolución en diciembre de 2010 por falta de pruebas en un caso de tráfico de cocaína. No obstante, en 2012 fue extraditada a Estados Unidos, donde se declaró culpable ante una Corte federal de Miami y recibió una condena de 70 meses de prisión. Tras su deportación a México en 2013, cumplió tiempo en el penal federal de Tepic, Nayarit, hasta febrero de 2015, luego de que un Tribunal Colegiado revocara una sentencia por lavado de dinero.
Este caso subraya las complejidades legales en la lucha contra el narcotráfico y destaca cómo procesos judiciales prolongados pueden resultar en la restitución de bienes a figuras controvertidas, generando debates sobre la eficacia de las medidas de aseguramiento en México.
