Dos manifestantes del 8M en Campeche enfrentan prisión preventiva por ataques a policías
La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) ha confirmado que dos mujeres, identificadas como Rosa N. y Yahari N., fueron vinculadas a proceso tras su detención durante las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer (8M) en San Francisco de Campeche. Estas procesadas formaban parte de un grupo de cinco personas que fueron enviadas al penal de San Francisco Kobén, y ahora se les imputan los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, daño en propiedad ajena y motín.
Medida cautelar y detalles de los cargos
El Juez de Control del Primer Distrito Judicial ha impuesto a ambas mujeres la medida cautelar de prisión preventiva justificada, lo que significa que permanecerán en el Centro de Reinserción Social (Cereso) durante todo el proceso penal. La FGECAM detalló en un comunicado que las acusadas presuntamente cometieron actos violentos contra policías estatales que resguardaban la zona durante las protestas feministas.
Según la descripción oficial, utilizaron "objetos contundentes y líquidos inflamables", lo que resultó en lesiones para varias agentes policiales y daños significativos al equipo policial. Este caso ha generado una amplia atención pública, especialmente tras las declaraciones de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.
Declaraciones de la gobernadora y contexto de las protestas
En una transmisión previa del Martes del Jaguar, la gobernadora Sansores advirtió que se buscarían sentencias de entre 25 y 37 años de cárcel para las manifestantes acusadas de lesionar a mujeres policías durante la protesta del 8M. Además, señaló que las autoridades irían tras todas las personas que realizaron iconoclasia durante las manifestaciones, exigiendo que reparen los daños y limpien las pintas.
Este caso se enmarca en un contexto más amplio de las protestas feministas en Campeche, donde anteriormente se habían liberado a otras personas detenidas. El 10 de marzo, nueve individuos fueron puestos en libertad por su presunta participación en los hechos del 8M, y un día antes, una menor de edad arrestada también fue liberada. Sin embargo, Rosa N. y Yahari N. continúan enfrentando cargos graves que podrían resultar en largas condenas penales.
La situación ha desatado debates sobre los límites de la protesta social y la respuesta de las fuerzas del orden, con organizaciones civiles exigiendo la liberación de las detenidas y denunciando posibles detenciones arbitrarias. La FGECAM mantiene que las acciones de estas mujeres representaron un riesgo significativo para la seguridad pública y la integridad de los agentes policiales.
