El gobierno de Estados Unidos evalúa una norma que permitiría enviar armas de fuego ocultables, como pistolas y revólveres, a través del Servicio Postal (USPS), una práctica prohibida desde 1927. La propuesta, impulsada durante la administración de Donald Trump, ha generado fuerte oposición entre fiscales demócratas y organizaciones contra la violencia armada.
Antecedentes de la prohibición
En 1927, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que ilegalizó el envío de armas de fuego ocultables por correo, a menos que provinieran de comerciantes con licencia. La medida buscaba frenar la violencia armada en el país. Sin embargo, en enero de 2026, el Departamento de Justicia revisó dicha ley y la calificó como inconstitucional, argumentando que violaba la Segunda Enmienda, que protege el derecho a portar armas. La dependencia solicitó al USPS modificar sus lineamientos para permitir el transporte de armas constitucionalmente protegidas.
Propuesta actual del USPS
El mes pasado, el USPS propuso una nueva norma que permitiría a cualquier persona enviar armas de fuego ocultables por correo, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Actualmente, la agencia ya permite el envío de rifles de cañón largo y escopetas, pero deben estar descargadas y embaladas de forma segura. La nueva regla ampliaría esta posibilidad a pistolas y revólveres. El USPS indicó que está revisando los comentarios del público, cuyo plazo venció el lunes, antes de realizar cambios definitivos.
Reacciones de fiscales demócratas
El fiscal general de Nevada, Aaron Ford, demócrata y candidato a gobernador, señaló que el cambio desharía los avances en el control de armas en su estado. Nevada sufrió el tiroteo masivo más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos en 2017, cuando un atacante mató a 60 personas en Las Vegas. Tras ese suceso, el estado aprobó una ley que exige verificaciones de antecedentes para la mayoría de las ventas privadas de armas. Ford calificó la propuesta como una "bofetada en la cara" para los sobrevivientes y las fuerzas del orden.
Un grupo de aproximadamente dos docenas de fiscales generales envió una carta al USPS el lunes, instando a retirar el cambio. Argumentaron que la norma facilitaría el acceso a armas a personas que no pueden poseerlas legalmente, como delincuentes condenados por delitos graves o violencia doméstica. También advirtieron que dificultaría la resolución de delitos con armas y que el poder ejecutivo no tiene autoridad para ignorar una ley del Congreso. Además, señalaron que la norma anularía las leyes estatales sobre armas, que incluyen requisitos como cursos de seguridad, búsquedas de antecedentes y revisiones de salud mental.
Condiciones del envío según la propuesta
Según las normas propuestas, una persona podría vender y enviar un arma a otra dentro de las fronteras de un mismo estado. Para envíos entre estados, las reglas son más estrictas: una persona solo podría enviarse un arma a sí misma, a cargo de otra persona, y tendría que abrirla personalmente. Esto busca facilitar el traslado de armas para actividades legales como tiro deportivo, caza o autodefensa.
Postura del Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia sostiene que el mosaico de leyes estatales sobre armas dificulta trasladarlas entre estados para fines lícitos. En muchos casos, viajar con un arma de fuego es imposible, por lo que el correo sería el único método viable de transporte. La dependencia afirmó que la Segunda Enmienda impide al USPS negarse a transportar armas constitucionalmente protegidas hacia y desde ciudadanos que cumplen la ley.
Posiciones de grupos defensores y opositores
Grupos defensores de armas aplaudieron el cambio. John Commerford, director ejecutivo del brazo de cabildeo de la Asociación Nacional del Rifle, calificó la propuesta como una victoria para los propietarios de armas y agradeció al presidente Trump por permitir que estas armas se envíen bajo condiciones de seguridad similares a las de rifles y escopetas.
Por otro lado, organizaciones contra la violencia armada expresaron su preocupación. John Feinblatt, presidente de Everytown for Gun Safety, advirtió que el cambio convertiría al USPS en un facilitador del tráfico de armas y limitaría las herramientas de investigación de las autoridades. Empresas privadas como UPS y FedEx también restringen los envíos de armas a clientes con licencias federales, como importadores, fabricantes, comerciantes y coleccionistas.
Impacto en las fuerzas del orden
Los fiscales generales advirtieron que, de implementarse el cambio, las fuerzas del orden tendrían que crear una nueva estructura de rastreo para contabilizar las armas enviadas por el servicio postal, lo que impondría cargas adicionales a los presupuestos estatales. La propuesta sigue en revisión y se espera una decisión definitiva en los próximos meses.
