La promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que “nunca más” habrá represión al pueblo de México podría convertirse en meras declaraciones si no se acatan las medidas de no repetición ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia contra México por la tortura sexual a once mujeres ocurrida hace 20 años. La Corte ordena la creación de un observatorio independiente que supervise la actuación de la Guardia Nacional, señaló el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Contexto del acto de restitución de tierras
En el marco del acto de restitución de 54.4 hectáreas al ejido de Atenco, Estado de México, la mandataria declaró ante los asistentes: “Tengan la certeza hoy y siempre, que nunca vamos a traicionar, que siempre vamos a estar cerca, que vamos a escuchar, que vamos a estar cerca del pueblo. Un policía, un Guardia Nacional jamás reprimirá al pueblo de México, nunca más”.
Advertencia del Centro Prodh
Para el coordinador del área de litigio internacional del Centro Prodh, Eduardo Guerrero Lomelí, al no existir mecanismos de control efectivos e independientes que supervisen el uso de la fuerza de la Guardia Nacional, no hay garantías de que hechos como los registrados hace 20 años en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco no vuelvan a ocurrir.
La sentencia de la Corte IDH emitida en diciembre de 2018 sobre la tortura sexual contra once mujeres agredidas en el contexto de los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 ordena nueve medidas de resarcimiento de daños y de no repetición, entre ellas la supervisión independiente de la Policía Federal, que fue sustituida por la Guardia Nacional.
“La lógica de esta reparación es ser una garantía de no repetición, es tener herramientas, tener mecanismos para que hechos como estos no se repitan; y en este sentido, el no tener este mecanismo, el no tener este observatorio, propicia que otros hechos como los de Atenco se sigan cometiendo”, explicó Guerrero Lomelí en entrevista con Proceso.
El abogado del Centro Prodh, que junto con el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) representa a las 11 mujeres de Atenco, agregó: “La evidencia más directa de las consecuencias de este incumplimiento del Estado está precisamente en la repetición de este tipo de hechos. Hemos visto casos de protestas que han seguido reprimiéndose, casos de protestas en particular por parte de mujeres que han sido reprimidas, que ha habido actos de tortura, actos de tortura sexual, actos de violencia que se han seguido cometiendo y denunciando”.
Uso excesivo de la fuerza
Guerrero Lomelí insistió en que la falta de cumplimiento de esta medida ordenada por el tribunal regional ha derivado en “casos más extremos, que son los casos de uso excesivo de la fuerza que derivan en ejecuciones extrajudiciales. Quizá uno de los casos más emblemáticos de los últimos años fue la ejecución extrajudicial de Lady y Alexa, estas dos niñas en Sinaloa que fueron ejecutadas por el Ejército”.
Tras recordar la militarización de la Guardia Nacional con la reforma constitucional de 2024, que inscribe a esa institución como parte de la fuerza armada permanente, el defensor apuntó que lo que ha prevalecido es el uso excesivo de la fuerza. “Seguimos viendo cómo las autoridades militares, los agentes de seguridad, salen a excusarse diciendo que hicieron uso excesivo por repeler una agresión o por estar simplemente haciendo sus tareas de seguridad pública, sin que exista por otro lado ningún tipo de supervisión, de control, de verificación de cómo están haciendo uso en este tipo de operativos, y también porque otras instancias que tendrían que fungir como contrapeso o como cierto control no lo están haciendo de manera adecuada”.
Agregó que, a pesar de muchos de los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas armadas son del conocimiento de la Fiscalía General de la República (FGR), “la fiscalía no está adecuadamente indagando, no está pidiendo la información al Ejército, a la Guardia Nacional, sobre cómo están haciendo uso de la fuerza, de manera que la consecuencia directa es que los hechos siguen repitiéndose y que no existe ningún mecanismo independiente sobre su actuación, ni sobre el acceso a la información, ni sobre ningún tipo de rendición de cuentas en este tipo de caso”.
Falta de voluntad política
Al señalar que ha sido “la falta de voluntad política” de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Sheinbaum Pardo para implementar el observatorio, Guerrero Lomelí explicó que la medida ordenada por la Corte Interamericana se deriva del contexto de hace 20 años de la represión a la protesta social en el Estado de México por parte de la entonces Policía Federal y las policías estatal y municipales.
“La Corte Interamericana entiende que por esa falta de controles, por esa falta de regulación y de normativa, se permitían este tipo de abusos, en particular de un uso excesivo de la fuerza, que fue lo que ocurrió en el caso de Atenco, que derivó, entre otras muchas cosas, en la tortura sexual en contra de las 11 mujeres víctimas del caso. De ahí que la Corte dice: para que este tipo de hechos no se repitan, voy a ordenar a México que implemente un mecanismo independiente o un observatorio que se encargue de monitorear, de fiscalizar la actuación de los agentes de seguridad en cuanto al uso de la fuerza”, resaltó.
Apunta que entre las explicaciones que el Estado mexicano ha dado a la Corte IDH sobre la falta de cumplimiento de esta medida es que la Guardia Nacional cuenta con un Órgano Interno de Control, que haría innecesaria la creación de un observatorio independiente. Sin embargo, “estos órganos internos de control no satisfacen los estándares de la sentencia, pero sobre todo no satisfacen el objetivo de garantizar que haya una fiscalización y una supervisión real”, señaló Guerrero Lomelí.
Recordó que los informes de actividades que da a conocer cada año la Guardia Nacional “no brindan detalles, no brindan los informes pormenorizados” sobre el uso excesivo de la fuerza, “no queda claro cuál es el criterio que la Guardia Nacional utiliza para definir cuándo un caso es excesivo de la fuerza y cuándo no”.
Atención al Mundial
Al señalar que el objetivo de la medida era generar condiciones de supervisión independiente en la Guardia Nacional para que fueran replicadas en las demás policías estatales y municipales, Guerrero Lomelí alertó que la medida cobra especial relevancia ante la realización de la Copa Mundial de Fútbol México, Estados Unidos y Canadá, evento en el que se prevén movilizaciones sociales.
Apuntó que en la Ciudad de México, que se vanagloria de tener una sociedad muy movilizada, “hemos visto en los últimos años varios casos de represión por parte de agentes de la policía local. Esto es un recordatorio de cómo ahí también hay que poner el ojo. Ahora que viene el Mundial, seguramente alrededor de eso habrá manifestaciones, habrá un ejercicio de este derecho a la protesta, en el que sería importante ver cómo se van a comportar los agentes de seguridad, en particular de la Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara. Ahí hay un recordatorio de que esto tiene un efecto también en las policías locales, porque así pasó en Atenco y porque así sigue ocurriendo la represión de la protesta en varios lugares”.
A 20 años de la represión de la protesta social en el Estado de México y a ocho años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Guerrero resaltó que la negativa del Estado mexicano a acatar la resolución tiene efectos más allá de las fronteras.
“Aquí es importante destacar cómo esta posición del Estado de no cumplir tiene, por una parte, este efecto de impunidad con las víctimas del caso y el mensaje de impunidad que envía a otras víctimas en otros casos, pero también tiene un efecto de incumplimiento de una obligación internacional del Estado mexicano, porque el que exista una sentencia de la Corte Interamericana condenando a México implica que el Estado tiene una obligación a nivel internacional de acatar lo que dice la sentencia y garantizar la reparación para las víctimas. Y esto tiene entonces un efecto muy amplio: es incumplir con un deber hacia ellas, hacia las mujeres de Atenco, e incumplir la rendición de cuentas a nivel internacional”, puntualizó el defensor.
