Con la bomba mediática que detonó ayer Washington en México al solicitar el arresto del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve figuras políticas, gubernamentales y policiales de esa entidad —cuna de los capos históricos del país— por sus vínculos con el narcotráfico, el gobierno de Donald Trump respondió a los reclamos de la presidenta Claudia Sheinbaum para que la Casa Blanca aclarara la presencia de agentes de la CIA operando sin permiso en Chihuahua durante la última semana y media.
El contexto del conflicto diplomático
Previamente se había señalado que el factor Trump debía ser considerado por el gobierno mexicano para determinar la intensidad y el tono de los reproches hacia la Embajada de Estados Unidos y al gobierno panista de Chihuahua por el caso de los agentes de la CIA, descubierto tras su muerte en un accidente automovilístico en la sierra de Chihuahua durante un operativo antinarco. Sin embargo, la postura mexicana no fue bien recibida desde el inicio, cuando se reclamó “empatía” a Sheinbaum por la vida de los agentes estadounidenses y por el exabrupto de Trump al afirmar que México estaba “perdido” por las mafias.
Filtraciones y advertencias previas
Ahora se entiende la filtración de la semana pasada al periódico Los Angeles Times, donde se adelantaba que Estados Unidos daría a conocer una lista de narcopolíticos mexicanos. Asimismo, la presencia del embajador estadounidense en Sinaloa, donde la empresa Pacífico Mexinol anunció una inversión de 3.3 mil millones de dólares, sin tomarse ninguna foto con el gobernador Rocha, advirtió que proyectos extranjeros como ese no prosperarían sin un combate firme a la corrupción y la inseguridad.
La estrategia de Trump
La ruta de Trump estaba tan definida que su gobierno ni siquiera reaccionó a la detención de Audias “N”, alias El Jardinero, considerado el segundo al mando del Cártel Nueva Generación, por quien su administración ofrecía 5 millones de dólares, luego de que fuera detenido el lunes en Nayarit, junto con su operador financiero, César “N”, el Güero Conta, en Zapopan.
Uso de información de capos
El gobierno de Estados Unidos utilizó toda la información proporcionada por Los Chapitos e Ismael El Mayo Zambada para, sin la discreción ni las pruebas que exigen los acuerdos internacionales de extradición, dar a conocer que desde el martes el Departamento de Estado había solicitado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estas detenciones.
El caso de Rubén Rocha Moya
Por los antecedentes pasados y presentes del narcotráfico en Sinaloa y México, por los señalamientos del propio Mayo Zambada de que el día de su extracción estuvo presente Rocha Moya, y por el asesinato de Gabino Cué ese mismo día —que la Fiscalía de Sinaloa quiso encubrir y que como gobernador nunca investigó—, su caso es indefendible.
Reacciones y consecuencias
La reacción de Rocha Moya ayer, así como la del senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez —también acusado por narcotráfico por Estados Unidos—, de que ese “falso señalamiento” no es contra ellos sino contra la 4T y Andrés Manuel López Obrador, lejos de ayudar, complicó aún más la situación a la presidenta Sheinbaum. Ella dejó en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) la respuesta a este misil, argumentando que deberán revisar si la petición de extradición contiene las pruebas de las acusaciones y quejándose de que se haya divulgado información que debió ser confidencial entre ambos países.
Conclusión
Así, de la petición de explicaciones por el caso de la CIA en Chihuahua, que México exigía por la violación a la soberanía nacional, ni en la 4T se acordarán.
