Tribunal Colegiado ratifica inconstitucionalidad de ley de ciberasedio en Puebla
El gobierno de Puebla perdió definitivamente el recurso de revisión que había interpuesto para intentar revertir un amparo otorgado al abogado César Pineda Zárate en contra de la denominada "Ley de Ciberasedio". La sentencia, emitida bajo el amparo en revisión 14/2026, representa un duro revés para las autoridades estatales que defendían esta polémica legislación.
Fundamentos de la decisión judicial
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó íntegramente el fallo previo de un juez de distrito, declarando que el artículo 480 del Código Penal del Estado de Puebla, donde se tipifica el delito de ciberasedio, es inconstitucional. Los magistrados determinaron que:
- La redacción del artículo es imprecisa y ambigua
- Genera incertidumbre jurídica significativa
- Puede tener un efecto inhibitorio para la libertad de expresión
El tribunal advirtió que, debido a esta imprecisión normativa, las personas podrían autocensurarse y dejar de emitir opiniones en medios digitales por temor a posibles demandas de quienes se sientan ofendidos por sus expresiones.
Contexto legislativo y resistencia política
Este fallo se suma a múltiples resoluciones judiciales que han coincidido en declarar inconstitucional la tipificación del delito de ciberasedio en Puebla. Sin embargo, el diputado Pável Gaspar, líder de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, ha manifestado que no retrocederán en esta reforma aprobada en 2025.
Gaspar sostuvo que mantendrán la legislación vigente hasta que exista un fallo definitivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el tema, mostrando así una clara divergencia entre los poderes judicial y legislativo del estado.
Estrategia legal del gobierno de Puebla
Hasta el momento, el gobierno de Puebla ha interpuesto recursos de revisión contra todos los amparos que han obtenido ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en contra de la aplicación de la Ley de Ciberasedio. Esta estrategia legal sistemática demuestra la determinación de las autoridades estatales por mantener vigente esta normativa, a pesar de las reiteradas declaraciones de inconstitucionalidad por parte del poder judicial.
La controversia continúa abierta, con múltiples frentes legales activos y una evidente tensión entre la protección de la libertad de expresión y los intentos regulatorios estatales sobre el espacio digital.
