Autoridades de Jalisco se suman a investigación federal por presunta corrupción policial
El secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández, manifestó la disposición total de su dependencia para colaborar con las autoridades federales en las investigaciones contra comisarías municipales señaladas por presuntamente recibir recursos del Cártel Nueva Generación (CNG). Esta declaración surge tras la revelación de supuestas nóminas del grupo criminal localizadas en un complejo de cabañas en Tapalpa, donde residía el cabecilla Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", abatido el pasado domingo en un operativo federal.
Documentos comprometedores y llamada a la prudencia
En los documentos incautados, se mencionan específicamente comisarías de municipios como:
- Tapalpa
- Cabo Corrientes
- Tomatlán
Presuntamente, el CNG realizaba pagos mensuales a estas corporaciones como sobornos. "Estamos abiertos a colaborar con la Federación en cualquier tipo de investigación o intercambio de información", afirmó Hernández, añadiendo que "es la única manera de que podamos trabajar y garantizar la seguridad tanto de los elementos como de la ciudadanía".
El funcionario hizo un llamado a la prudencia, señalando que "vamos a esperar resultado de investigación porque no podemos generalizar". Además, consideró necesario que se identifique con nombre y apellido a quienes presuntamente colaboraban con el crimen organizado, ya que en los documentos se alude a policías estatales y de la recién creada Policía Estatal de Caminos, pero sin especificaciones detalladas.
Críticas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos
En otro tema de seguridad, el secretario Hernández criticó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) por no haber compartido a tiempo audios de reos del penal de Puerto Vallarta que anticipaban el motín del pasado domingo, donde 23 internos escaparon.
"No, lamentablemente no nos compartieron esa información", declaró Hernández, explicando que ya mantiene conversaciones con la presidenta de la CEDHJ para establecer protocolos de colaboración futura. "El detalle es que ellos tienen sus propios protocolos y guardan la información", señaló, cuestionando "hasta qué punto pueden ellos continuar de esa manera manejando información, en tanto pueda generar un riesgo para la población".
Los audios en cuestión, recibidos por la Comisión desde el sábado anterior al motín, contenían advertencias explícitas de los reos sobre lo que ocurriría y peticiones de auxilio que, de haber sido compartidas, podrían haber permitido acciones preventivas.
