La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa designó a José Roberto Quiñonez Coronado como encargado de la Vicefiscalía General del Estado, en sustitución de Dámaso Castro Saavedra, quien solicitó una licencia tras ser incluido en la lista de políticos mexicanos acusados por Estados Unidos de mantener vínculos con el crimen organizado.
Nuevo encargado de la Vicefiscalía
Luego de que Dámaso Castro pidiera licencia y manifestara su disposición para atender cualquier requerimiento legal, la FGE de Sinaloa informó que José Roberto Quiñonez Coronado se quedará como encargado del despacho. La fiscal general, Claudia Zulema Sánchez, tomó protesta al nuevo funcionario el miércoles pasado.
En la misma ceremonia, también tomó protesta Rocío Yamileth Aguilar Zazueta como encargada de la Vicefiscalía Regional Zona Centro de la FGE. La fiscal general exhortó a los designados a desempeñar sus funciones con apego a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, y a realizar el mayor esfuerzo para fortalecer la procuración de justicia en la entidad, contribuyendo al Estado de Derecho y a la seguridad de los sinaloenses, según un comunicado oficial.
Amparo a Gerardo Mérida
En otro caso relacionado, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, también buscado por autoridades estadounidenses, obtuvo un amparo para evitar su detención y extradición mientras se resuelve el juicio promovido por su defensa. La resolución fue emitida el pasado 1 de mayo por el juez Rafael Linares Rivera, quien aceptó revisar la demanda presentada por el exfuncionario.
Con esta decisión judicial, Gerardo Mérida no podrá ser entregado a otro país ni salir del territorio nacional mientras el proceso siga en curso. Además, cualquier orden de captura deberá contar con el consentimiento del juez encargado del caso.
Estos movimientos ocurren en un contexto de tensiones entre las autoridades mexicanas y estadounidenses por presuntos nexos de funcionarios con el crimen organizado. La FGE de Sinaloa reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia en la procuración de justicia.
