Alcalde de Tequila enfrenta cargos por secuestro y presuntos vínculos con el crimen organizado
En un hecho que ha conmocionado al estado de Jalisco, el juez de control Mario Elizondo Martínez ha vinculado a proceso al alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, conocido coloquialmente como "El Presidente", junto a dos de sus colaboradores más cercanos. Los cargos incluyen delincuencia organizada con el fin de cometer secuestro y secuestro agravado, en un caso que data del año 2021 y que involucra a aspirantes a la presidencia municipal de dicho municipio.
Detalles del caso y prisión preventiva
El juzgador, tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), ratificó la prisión preventiva oficiosa para los tres implicados. Diego Rivera Navarro, quien ha sido señalado públicamente de mantener nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano durante todo el proceso penal en su contra.
Por su parte, Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública, y Juan Gabriel Toribio Villareal, director de Catastro Municipal, quienes son considerados presuntos cómplices en los hechos, continuarán privados de su libertad en el penal federal número 14, ubicado en el estado de Chiapas.
Los hechos que llevaron a la vinculación
Según la acusación de la FGR, el alcalde morenista habría orquestado el secuestro de Guillermo Cordero García, precandidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, y de su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, en marzo de 2021. Las víctimas fueron secuestradas, golpeadas y torturadas con el objetivo de forzarlas a renunciar a sus aspiraciones políticas, un acto que ha sido calificado como de extrema violencia y abuso de poder.
El juez de control ha otorgado un plazo de cuatro meses a la Fiscalía General de la República para que complete la investigación complementaria del caso, lo que sugiere que podrían surgir más detalles o implicados en las próximas semanas.
Contexto y relevancia del caso
Este caso destaca por varias razones críticas en el panorama de seguridad y justicia en México:
- Infiltración del crimen organizado en la política local: La presunta vinculación de un alcalde en funciones con el CJNG subraya los desafíos persistentes de corrupción y narcopolítica en municipios de todo el país.
- Impacto en la democracia: El secuestro de aspirantes políticos representa un ataque directo a los procesos electorales y a la libertad de participación ciudadana, generando un clima de temor e intimidación.
- Respuesta judicial: La rápida acción del juez y la FGR en este caso podría sentar un precedente importante para futuras investigaciones contra funcionarios públicos acusados de delitos graves.
Mientras tanto, Lorena Marisol Rodríguez Rivera, de 37 años, ha asumido como alcaldesa interina de Tequila, enfrentando el reto de liderar un municipio en medio de esta crisis institucional y de seguridad.
Este desarrollo judicial ocurre en un contexto más amplio de noticias nacionales, que incluyen desde cambios en embajadas hasta enfrentamientos violentos en Michoacán, pero el caso de Tequila resalta por su implicación directa en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción política en México.
